La Fundación Siglo XXI alquiló por 35.000 euros al mes un centro sin baños, con puertas rotas y ventanas sin cristales

Los menores migrantes acogidos en el dispositivo Acorán, en Gran Canaria, tenían que guardar sus pertenencias en maletas porque no había armarios ni muebles. La falta de baños obligó a instalar aseos portátiles en el exterior del recurso. Había puertas rotas, ventanas sin cristales y poca ventilación. Aun así, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI pagaba 35.000 euros al mes de alquiler a la empresa Pine Point S.L. El director de este centro es uno de los querellados por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y administración desleal en el caso Siglo XXI. 

De junio a diciembre de 2021, la fundación recibió 1,8 millones de euros de la Dirección General de Infancia del Gobierno canario por la gestión de Acorán. Entre el 2 de junio de 2021 y el 20 de marzo de 2023, la entidad pagó en concepto de alquiler de vivienda 605.000 euros a la empresa Pine Point S.L. Los primeros meses, la transferencia mensual era de 35.000 euros. Los siguientes, la cifra cayó a 22.000 euros. 

En ese mismo margen de tiempo, la mercantil pagó a los propietarios del inmueble 99.315 euros. La diferencia entre lo que la Fundación pagaba a Pine Point y lo que esta empresa daba a los propietarios asciende a 505.685 euros, es decir, la fundación pagó por el alquiler seis veces más de lo que costaba a la mercantil su disposición. 

El Ministerio Público ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue a la mercantil que cobró 35.000 euros a Siglo XXI por el alquiler del centro por indicios de “facturación sobredimensionada” que puede haber posibilitado el desvío fraudulento de fondos públicos.

Este alquiler “obsceno” no pasó inadvertido para la Fiscalía de Menores de Las Palmas en una de sus inspecciones. La Fiscalía ya apuntó en sus visitas que los alquileres que otros centros pagaban en la misma zona y en mejores condiciones oscilaban entre los 5.000 y los 6.000 euros al mes. “Difícilmente podría encontrarse, no solo en el entorno, sino en toda la isla de Gran Canaria un inmueble con dicha renta mensual”. 

La Fiscalía de Menores realizó en julio de 2022 una inspección al dispositivo. En ella, se detectó una falta de conservación del inmueble. Los pasillos y los techos eran antiguos, los cables estaban descubiertos, había puertas y ventanas rotas, e incluso algunas de ellas tenían barrotes. La zona donde dormían los usuarios “no parecía destinada a habitaciones”. Se colocaron literas en una planta fría, con poca iluminación y ventilación, que solo gozaba de pequeñas ventanas en la parte alta. 

Aunque el recurso tenía capacidad para 110 personas, solo había un baño con una ducha, un retrete y dos lavamanos metálicos. Por esta razón tuvo que incluirse un módulo exterior portátil donde había un termo eléctrico, varias duchas, retretes y lavamanos metálicos.

El Defensor del Pueblo, durante su visita, también criticó la deficiente limpieza, el mal estado de las habitaciones y la falta de conservación del centro. Había agujeros en las paredes, ventanas sin cristales y no había salas de reunión, ni de cocina. En Acorán tampoco quedaba garantizado, según el Defensor del Pueblo, el derecho fundamental de los menores a la educación. A esto se suma la demora en la asistencia sanitaria, la cuestionable calidad de la comida y la carencia de ropa y calzado. 

Un “irreal” gasto en combustible 

La querella presentada por el fiscal Javier Ródenas revela que el director del centro, Fernando Pérez Romero, recibió en su cuenta 171.601,71 euros. De esta cifra se han justificado gastos semanales por 162.784,86 euros, por lo que se desconoce cuál ha sido el destino final de más de 8.000 euros. Entre las facturas aportadas por la entidad, algunas parecen corresponderse a gastos personales del director del responsable del dispositivo, como por ejemplo los pagos en aparcamientos de la isla o del aeropuerto, gastos en tiendas de ropa deportiva, cafeterías y restaurantes. 

Romero dirigió dos de los dispositivos contratados por el Gobierno de Canarias a la Fundación Siglo XXI durante la crisis de acogida de migrantes de 2020. El primero de ellos fue en Mogán, los apartamentos Puerto Bello. El dispositivo se desalojó en julio de 2021 tras una denuncia por abusos sexuales y agresiones a los menores migrantes. Cerrado este recurso, el Ejecutivo contrató el centro de Acorán,  en Tafira, con capacidad para 110 personas. Romero fue nombrado como director de este centro, algo que Anticorrupción considera “inexplicable”. 

A través de las facturas, Anticorrupción detectó un “inusual” gasto en combustible. Entre mayo y diciembre de 2021 se gastaron 20.288 euros en gasolina, una media de 3.385 euros al mes o 99 euros al día. Esto implicaría realizar recorridos de más de 1.200 kilómetros diarios. La Fiscalía considera que se trata de un gasto “desproporcionado” para un centro de menores, ya que los usuarios normalmente se desplazan en guagua.  

Además, según las facturas, hay días que se realizaron hasta doce repostajes de combustible. En estos mismos seis meses, constan facturas de 6.129 euros en bonos de transporte público de los menores, lo que hace “más irreal si cabe” el gasto de combustible aportado como justificación.