El Gobierno canario acredita ante el juez que el contrato del caso Mascarillas al final no se pagó con fondos europeos

El Gobierno de Canarias ha aportado al juez instructor del denominado caso Mascarillas un informe de la Intervención General, adscrita a la Consejería de Hacienda, que acredita que el contrato de emergencia que se investiga en ese procedimiento, adjudicado a la empresa RR7 United por cuatro millones de euros, se pagó íntegramente con recursos propios.

A pesar de que en el expediente figura una resolución de agosto de 2021 que incluye ese contrato entre los cofinanciados con fondos estructurales de la Unión Europea, finalmente ese gasto no fue certificado ante el órgano de control (la Dirección General de Planificación y Presupuestos del Ejecutivo regional), el paso intermedio exigido antes de ser elevado a la Comisión Europea para su reconocimiento como tal.

La investigación del caso Mascarillas dio la pasada semana un nuevo giro después de que la Fiscalía Europea reclamara al Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria el traspaso de las diligencias. El organismo comunitario pretende asumir las competencias bajo la premisa de que se utilizaron fondos europeos para financiar ese contrato con RR7 United, una empresa dedicada a la compraventa de vehículos y sin experiencia en el sector sanitario, para la adquisición de un millón de mascarillas que nunca fueran servidas en su destino, los hospitales públicos del Archipiélago, pese a que la adjudicataria recibió por adelantado (en dos pagos) el 100% de su importe.

Sin embargo, el juez instructor puede ahora plantear una cuestión de competencia frente a la Fiscalía Europea si entiende, a raíz de ese informe de la Intervención General, que no hay dinero europeo comprometido en el expediente, que todo el perjuicio patrimonial lo han sufrido las arcas de la comunidad autónoma y que, por tanto, la investigación penal debe seguir residenciada en el Archipiélago. En caso de que el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca diera este paso, deberá ser el Tribunal Supremo quien resuelva la controversia y decida quién continúa la instrucción.

Hay que recordar, no obstante, que la intervención de la Fiscalía Europea no se limita al contrato de cuatro millones con RR7 United. Según ha publicado Canarias 7, son doce las adjudicaciones bajo lupa de este organismo de reciente creación (se constituyó en verano de 2021) a partir de la denuncia presentada por el empresario Juan Manuel Pérez León por presuntos sobrecostes de hasta el triple del valor real de la mercancía.

Una cofinanciación no formalizada

Según explican fuentes del Gobierno canario, la comunidad autónoma no recibe por adelantado el 100% de los fondos estructurales aprobados por la Unión Europea, sino un pequeño porcentaje a cuenta del montante global, no de una actuación concreta. El procedimiento está estipulado en el reglamento comunitario 1303/2013. La comunidad autónoma anticipa los gastos susceptibles de ser cofinanciados y es después, a medida que va certificando su ejecución, cuando inicia el procedimiento para recuperar las cantidades que procedan ante la Comisión Europea, descontando aquellos importes que sí han podido ser adelantados.

En ese proceso hay distintos pasos. El primero es identificar las actuaciones que pueden ser financiadas por la UE, que pueden encajar en los distintos programas operativos. Lo que en el argot se denomina afectar los créditos. Según las fuentes consultadas, es en esta fase en la que se quedó el contrato del caso Mascarillas y de ahí que figure en el expediente con la declaración de gasto “cofinanciado” por el programa 2014-2020 (aún vigente) de los Fondos Estructurales de Desarrollo (FEDER) en una resolución que está firmada por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Fue la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda quien comunicó a Sanidad que determinados contratos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 debían haber sido objeto de cofinanciación.

El segundo paso es de control, de verificación, y en él interviene un órgano intermedio de certificación para ver si la actuación concreta cumple las condiciones estipuladas, la normativa española y las directivas europeas. En este caso es la misma Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda. Una vez justificada la pertinencia de las actuaciones con cargo a los programas comunitarios, el tercer y definitivo filtro es la autoridad de gestión. Con los fondos FEDER es la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, que también debe realizar las comprobaciones oportunas antes de solicitar el pago a la Comisión Europea.

Las fuentes consultadas señalan que el Servicio Canario de Salud no llevó el controvertido contrato al organismo intermedio de control, a la Dirección General de Presupuestos y Planificación por lo que no llegó a formalizar el proceso para cofinanciar esa partida y, por tanto, asumió íntegramente con fondos propios la operación.

Dos pagos anticipados

La empresa adjudicataria de ese contrato de emergencia recibió el 100% del importe por adelantado. El primer pago se materializó el 7 de agosto de 2020 por dos millones de euros. Fue la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, quien lo autorizó siendo, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, “completamente ajena a las previas negociaciones” que había mantenido Conrado Domínguez, a la sazón coordinador del Comité de Emergencia Sanitaria, para cerrar el acuerdo con el intermediario de la operación, Samuel Machín.

Los otros dos millones de euros fueron abonados a la empresa de Rayco Rubén González en octubre de 2020, cinco meses después de la firma de contrato y sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas. Para el fiscal Javier Ródenas fue en este punto donde se consumó “el timo de Rayco”. El empresario había remitido un correo a la directora de Recursos Económicos en el que solicitaba que se le libraran todos los fondos para poder hacer frente a la operación ante la “enorme demanda” de gobiernos e instituciones y el temor a situarse “al final de la cola en la recepción de la mercancía”.

Dos jefas de servicio habían advertido ya entonces del riesgo de estafa y habían calificado a RR7 de “empresa fantasma”. Aun así, Sanidad decidió autorizar ese segundo pago de dos millones de euros basándose en un informe de la entonces directora de Programas Asistenciales, Elizabeth Hernández (recientemente nombrada directora del SCS en sustitución del dimisionario Conrado Domínguez), que pedía “completar el proceso de adquisición” de las mascarillas FFP3 contratadas porque China había prohibido la exportación de este tipo de material y había que acudir a otros mercados.

Cinco meses después de que la empresa hubiera recibido los cuatro millones de euros del contrato llegó al aeropuerto de Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía. Tuvieron que ser destruidas después de que la empresa fabricante 3M advirtiera a la Agencia Tributaria Española que eran falsas.

El SCS resolvió el contrato en mayo de 2021 por incumplimiento y solicitó la devolución de los fondos. A pesar de ello, le dio una segunda oportunidad y permitió un cambio de modelo de mascarillas. La empresa tampoco cumplió. La resolución que declara “cofinanciada” esta operación es de agosto de 2021. Es decir, posterior a esa segunda vida que los gestores sanitarios concedieron a un contrato ya extinguido.