Imputado el secretario general del Cabildo de Lanzarote y el abogado Calatayud en el caso Montaña Roja
El secretario general del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo, y el abogado Ignacio Calatayud declararán como imputados en el caso que se sigue contra el presidente de la corporación insular, Pedro San Ginés (CC), en relación a la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja.
Según han informado este miércoles a Efe fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, que investiga a San Ginés por presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de esta planta, ha imputado tanto a Perdomo como a Calatayud porque el principal investigado se basó en informes verbales de ambos para proceder a la incautación de la planta sin orden judicial.
El juzgado ha ordenado también a la Policía Judicial su personación en la sede de una televisión local de la isla para obtener las imágenes que fueron grabadas durante la incautación de la planta desaladora.
Las fuentes han indicado que en estas imágenes se aprecia la identidad de los funcionarios públicos y operarios participantes en la incautación sin orden judicial de la citada infraestructura hidráulica, ordenada por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
El secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, ya había sido citado por el juez en calidad de testigo para que compareciera en sede judicial el pasado 17 de septiembre, por su condición de secretario del Consejo Insular de Aguas, ante su participación en la tramitación del expediente sancionador abierto a la empresa propietaria de la planta desaladora incautada en Playa Blanca sin orden judicial.
El juez decidió suspender esa declaración de Perdomo, al solicitar la acusación ejercida por Podemos, que declarara como imputado, con el fin de salvaguardar sus derechos de defensa ante su posible procesamiento.
Esta acusación había pedido también la declaración como imputado del abogado Ignacio Calatayud, asesor externo del Cabildo y del Consorcio Insular de Aguas, que, según el presidente San Ginés, fue el autor del informe jurídico que avaló posteriormente la incautación de la planta.
Fuentes judiciales han señalado que la declaración de Calatayud puede resultar importante en el proceso, ya que el gerente de la empresa Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, reconoció hace unas semanas ante el juez que el abogado, que asesoró al presidente del Cabildo y del Consorcio Insular del Agua en la incautación de la desaladora, trabajaba también para la compañía, principal beneficiaria económica de la intervención de la planta.
Las instalaciones hidráulicas de la urbanización de Montaña Roja fueron incautadas por el Consejo Insular de Aguas en septiembre del año pasado y, en el mismo acto, traspasadas por el Consorcio del Agua a Canal Gestión Lanzarote para que se ocupase las mismas como concesionaria del ciclo integral del agua en la isla.
Precisamente en las últimas semanas, el juez ordenó a la empresa Canal Gestión Lanzarote que aportara todos los contratos suscritos por la compañía con el abogado Ignacio Calatayud, documentos que ya obran en sede judicial, según fuentes próximas al caso.
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés declaró a comienzo del pasado mes y durante más de dos horas, como imputado por esta causa en la que están acusados los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, respectivamente.
La declaración San Ginés y de los dos funcionarios se produjo después de que el pasado 23 de junio, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ordenara tramitar la querella presentada en su contra por la empresa Club Lanzarote, propietaria de la planta desaladora intervenida, al apreciar los magistrados presuntos delitos en la incautación.
Aunque en una primera instancia la querella fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, la Audiencia anuló esa decisión y ordenó su tramitación para investigar los hechos denunciados por Club Lanzarote.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en vía contencioso administrativa, adoptó medidas cautelares en un auto dictado el pasado 17 de junio, que anularon la incautación y ordenaron la devolución de la planta a sus propietarios.
