El juez del 'caso Koldo' solicita los correos de Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos de Canarias

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha acordado, a solicitud del fiscal Luis Pastor, dirigir sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de tres personas del periodo de 1 de enero de 2020 a 1 de julio de se mismo año.

En el caso de Canarias el juez pide en concreto al servicio de salud los buzones y carpetas de Ana María Pérez Afonso, directora general de Recursos Económicos en la Consejería de Sanidad en 2020 e investigada por el 'caso mascarillas'.

En el caso de Baleares requiere los correos de quien fuera subdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud durante la pandemia Antonio Mascaró Crespí; y del exdirector general del IB-Salut Juli Fuster.

El magistrado acepta requerir además la documentación que obre en poder de ambos servicios de salud sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.

Explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.

Además ha acordado citar como testigos el 14 de octubre al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González --'Lenin'--, y a las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a los expedientes objeto de investigación.

En varios autos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, recogidos por Europa Press, el magistrado resuelve así sobre las últimas peticiones de las acusaciones en el marco de la investigación que sigue por las presuntas comisiones por las adjudicaciones para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

En el primero de ellos, el juez, siguiendo el criterio del Ministerio Público, acepta ahondar en los contratos adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaria de Estado de Seguridad y, por eso, no solo acepta la testifical de 'Lenin' --'número 3' en el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska-- sino también la de las dos inspectoras del Ministerio de Transportes, Sara Anguita y Ana Balbás, que participaron en el informe de auditoría desarrollado en cumplimiento de la Orden de 27 de febrero de 2024 dictada por el responsable de la citada cartera, Óscar Puente.

Explica el magistrado, que adopta esta primera decisión, a la vista de las declaraciones prestadas “por los investigados y por los testigos”, y dado que es necesario “a fin de esclarecer los hechos”.

El que fuera jefe de personal de Adif Michaux Miranda, investigado en la causa, durante su interrogatorio --a cuya grabación tuvo acceso Europa Press- cargó duramente contra el informe de auditoría de Transportes tachándolo de “despropósito” y de recoger declaraciones “descontextualizadas o directamente tergiversadas”.

Por otro lado, Daniel Belmar, exalto cargo de Interior que se encargó de coordinar la adquisición de mascarillas, sostuvo en su declaración testifical que fue 'Lenin' quien le habló de Soluciones de Gestión SL --empresa vinculada a la presunta trama-- y quien le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, el director ejecutivo de esa empresa.

En ese mismo auto de 30 de septiembre, el juez Ismael Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que le auxilie en la tarea de determinar “las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda Pública” tanto Soluciones de Gestión SL como Víctor de Aldama --el presunto conseguidor de esos contratos-- en el ejercicio 2020.

En un segundo auto, de 1 de octubre, el instructor accede a la petición de la acusación popular Liberum, que consideró pertinente arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas que objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión SL.

Así, acuerda citar como testigos el próximo 21 de octubre al propietario y presidente Raminatrans SL --la empresa contratada para la distribución--, Rafael Milla; al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana; y al secretario general y del Consejo de Correos, Julio González García.

Las fechas de las citaciones

En un auto más, al que también ha tenido acceso Europa Press, el juez fija ya las fechas para las declaraciones interesadas. Así, el 14 de octubre cita al 'numero 3' de Interior (9.30 horas) y a las dos inspectoras autoras del informe de auditoría de Transportes (10.00 horas).

El 21 de octubre, tendrán que comparecer ante el juez el presidente de Raminatrans SL, Rafael Milla (9.30 horas); el jefe de Presupuestos y Contratación de Transportes, Jorge Meana (10.00 horas); y el secretario general y del Consejo de Correos, Julio González (10.30 horas).