El juez rechaza nuevamente el intento del Gobierno canario de acotar las vacaciones de sus funcionarios y defiende la flexibilidad laboral

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que suspendió cautelarmente la resolución del Gobierno de Canarias que obligaba a sus empleados públicos a disfrutar el 60 % de sus vacaciones antes del 30 de septiembre ha decidido que siga sin aplicarse hasta que resuelva si esa medida o no se acomoda a la legislación.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital tinerfeña rechaza así el recurso interpuesto por el Gobierno canario contra las medidas cautelares que dictó hace dos semanas, de acuerdo con un auto difundido este jueves por Comisiones Obreras.

El magistrado entendió, sin entrar en el fondo del asunto, que esa medida podría producir trastornos a los empleados públicos, ya sea porque hubieran tenido ya reservadas sus vacaciones para otras fechas o porque las hubieran planeado para una mejor conciliación de la vida laboral o familiar, afirma el sindicato.

El Gobierno canario recurrió ese auto, pero el juez se reafirma en su decisión cautelar porque considera que el Ejecutivo regional no ha justificado las “necesidades del servicio” que imponen esa medida y no da razones a los trabajadores para que “estos puedan reaccionar contra dicha denegación”.

“No solo es que no se mente en ningún momento las necesidades de servicio que se atienden, sino que se sustituye su mención, por la referencia vaga y genérica al necesario mantenimiento de los servicios públicos esenciales”, indica el auto.

Por tanto, añade, “el interés de los funcionarios públicos en conciliar su vida familiar y laboral, debe prevalecer en este caso, máxime cuando la suspensión del periodo escolar de marzo a junio, ha tensado hasta el límite las capacidades organizativas y logísticas de cada familia, necesitadas por ello de la máxima flexibilidad en cuanto a la presencialidad laboral”.

El auto afirma que la flexibilidad es “uno de los ejes sobre los que se alzará la actividad administrativa tras la crisis de la covid 19 y supone uno de los pilares sobre los que se asentará la nueva regulación de la función pública, ya en marcha. El rigor de horarios, desempeño presencial y actividad sin incentivación de la productividad, resultan parámetros a extinguir por resultar ciertamente anacrónicos”.

Para la coordinadora de Comunidad Autónoma de CCOO, Ana González, el Gobierno canario ha recibido “un nuevo revés” a su “lamentable” rechazo a negociar con los empleados públicos las condiciones laborales, algo que, a su juicio, se ha convertido ya “en la forma de proceder para un Ejecutivo compuesto por partidos progresistas, que debería hacer alarde de todo lo contrario”.