La Justicia declara “ilegal” la ampliación de horarios de los bomberos de Gran Canaria
El sindicato CC.OO ha informado este viernes que el Juzgado de lo Social Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado “ilegal” la ampliación “sin motivación alguna” de 2,5 horas semanales en el horario de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, medida que fue impuesta en el anterior mandato insular, donde gobernó el PP, si bien aún está en vigor.
De esta forma, señalan que la sentencia viene a dar la razón a CC.OO en la demanda que interpuso contra las condiciones unilaterales de trabajo impuestas por el Consorcio para los año 2014-2017 y abunda en otra de la misma sala que insiste en que el Consorcio no puede cambiar la jornada semanal de los funcionarios, que es de 37,5 horas, por otra de 40 horas sin llevar a cabo una negociación con los sindicatos, según señala la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC.OO) Canarias en nota de prensa.
En este sentido, añadió que a diferencia de la anterior, que rechazó la medida “por falta de negociación, esta nueva sentencia entra en el fondo del asunto y considera que el Consorcio Insular de Emergencias no ha podido demostrar que los bomberos puedan hacer 40 horas semanales por ser personal de especial dedicación, dado que no han presentado ninguna prueba que así lo certifique”.
CC.OO, por su parte, señala que ha presentado pruebas que “dejan claro” que los bomberos del Consorcio “son personal funcionario, sujeto a turnos, como recoge su Relación de Puestos de Trabajo y, por tanto, su jornada es de 37,5 horas a la semana”.
Así, matizan, que la sentencia reconoce que los bomberos grancanarios han realizado “hasta seis jornadas de 24 horas que no les correspondían”, por lo que CC.OO solicitará su abono.
Para ello, el portavoz en el Consorcio de Emergencias de CC.OO, José María Monzón, espera que el consejero competente en el Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, “se siente a negociar sin más dilación cuando ya se le ha solicitado por escrito que convoque la mesa general de negociación para anular estas condiciones declaradas ahora ilegales”.
