Pía Oramas no tendrá que volver a declarar, pese a lo que pide Zerolo
La ex arquitecta municipal, Pía Oramas, no tendrá que volver a declarar por el caso Las Teresitas. La representación del exalcalde, Miguel Zerolo, había solicitado la comparecencia de la técnica quien en su momento valoró los terrenos al frente de la playa en 19 millones frente a los 52,4 que finalmente pagó el Ayuntamiento.
En la declaración realizada a finales de 2007, Oramas denunció presiones por parte de superiores para que modificara esta tasación o firmara la realizada por otros técnicos. No hizo ninguna de las dos cosas y al final optó por dejar su puesto en la Gerencia de Urbanismo y pasar a encabezar el área de Planificación del Cabildo. Eso sí, su negativa a firmar o avalar una nueva tasación dio lugar a que en 2007 el Tribunal Supremo (TS) anulara la compraventa.
La titular de Juzgado número 1 de Santa Cruz, María de los Ángeles Zabala, a donde ha sido remitida la parte del sumario que se corresponde a Zerolo rechaza la petición. Y lo hace porque “no se considera conveniente para la averiguación material o real de los hechos la diligencia probatoria propuesta. Toda vez que ninguna utilidad poseen para las averiguación material de los hechos investigados”.
Otro tanto ocurre con la solicitud de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, quienes habían pedido que los peritos que hicieron una tasación de los terrenos a petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ratificaran en sus conclusiones. Precisamente, esta valoración otorgaba un valor a los terrenos similar al calculado por Oramas.
La ex arquitecta aseguró en aquella declaración que nunca antes había visto que un ayuntamiento, pudiendo pagar menos por unos terrenos, hubiera aceptado otra tasación que implicaba un desembolso mucho mayor. De hecho, el Ayuntamiento llegó a pedir hasta cinco informes pese a contar ya con algunos que hacían una valoración menor de los terrenos.
La valoración de Oramas era menor que la finalmente aceptada dado que, por un lado, señalaba que un tercio de los terrenos eran de dominio público y por otro que la moratoria turística limitaba los aprovechamientos del frente de playa.
