El presidente del TSJC niega haber dado un trato privilegiado al exjuez Alba, en libertad seis meses después de la condena

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, en comisión parlamentaria. EFE/Ramón de la Rocha

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha defendido la “pulcritud” de la Sala de lo Penal y el “absoluto respeto a las normas procesales” en el procedimiento de ejecución de la sentencia que condenó a Salvador Alba a seis años y medio de cárcel por maniobrar desde su cargo como juez con el ánimo de perjudicar a la también magistrada -en excedencia- Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Lorenzo fue interpelado por el diputado de Sí Podemos Francisco Déniz, que recordó que esa sentencia adquirió firmeza en noviembre de 2021 y que, habiendo transcurrido ya más de seis meses, el penado continúa en libertad tras haber desplegado multitud de recursos.

En su comparecencia en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad para presentar la memoria judicial de 2021, Lorenzo ha asegurado que la sala que preside no ha dado un tratamiento “diferenciado ni privilegiado” al proceso contra Salvador Alba con respecto “a ninguno de los que se siguen” en este órgano jurisdiccional. “Tenga la plena y absoluta seguridad de que el caso que ha mencionado, como todos los que se tramitan, al menos en la Sala de lo Penal, se tramita con absoluta garantía y pulcritud, con absoluto respeto de las normas procesales, dando respuesta precisa a cada una de las peticiones”, ha añadido.

El portavoz de Sí Podemos había advertido de que parte de la sociedad percibe que la justicia “no es igual para todos”. “Hay una condena cuya ejecución se retrasa indefinidamente y no se sabe por qué un señor con una sentencia en firme de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación”, condenado por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, “todavía no está en la cárcel” tras alegar “un montón de excusas”. La demora “genera desconfianza” en la ciudadanía, ha dicho Déniz.

En su respuesta, Lorenzo Bragado ha querido transmitir tanto a la comisión como a la opinión pública, “sin traspasar los límites que corresponden al ámbito estrictamente jurisdiccional”, que el TSJC está dando un cumplimiento “estricto” y puntual a cada uno de los trámites legales que corresponden para la ejecución de la sentencia, que se ha cumplido en alguno de sus extremos, como el de la responsabilidad civil (el pago de la multa y la indemnización a Rosell como víctima de sus delitos), pero no en la referida a la pena privativa de libertad.

El plazo para el ingreso voluntario en prisión de Salvador Alba expiraba el 16 de febrero. Sin embargo, un día antes su defensa presentaba un escrito en el que informaba por primera vez de que el condenado padecía una enfermedad grave que le impedía viajar en avión y desplazarse a una de las cárceles que disponen de módulo específico de seguridad para autoridades encargadas de la persecución de los delitos, todas ellas ubicadas en la Península. El TSJC decidió entonces encargar un informe al Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas para que dictaminara si esas dolencias a las que se refería el exjuez eran incompatibles con su ingreso en un centro penitenciario.

La respuesta llegó a principios de marzo. Las médicas forenses que evaluaron su caso concluyeron que las enfermedades alegadas no son graves e incurables y que, por tanto, no había ningún impedimento para que entrara en la cárcel. Sin embargo, Alba recusó a las profesionales que firmaron esos informes (también a la directora del Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas) aduciendo un interés en la causa por su relación con Victoria Rosell. El alto tribunal canario estimó esta pretensión de la defensa porque en junio de 2017, en el marco del mismo procedimiento, se había decidido que la víctima de los delitos de Alba fuera examinada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por los vínculos que mantenía con todas las profesionales adscritas al instituto de Las Palmas de su etapa como magistrada.

La Sala de lo Penal acordó entonces encargar otro informe pericial al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia occidental. Es este trámite el que mantiene paralizada la ejecución de la sentencia. La defensa de Alba ha presentado en estos últimos tiempos varios informes médicos y ha alegado otra enfermedad.

No es la única vía por la que el condenado ha intentado esquivar el ingreso en prisión. También ha recurrido su condena ante el Tribunal Constitucional al considerar vulnerado sus derechos fundamentales. Por otra parte, la esposa de Alba, María Teresa Lorenzo, letrada de la Administración de Justicia, ha solicitado para él un indulto parcial.  El TSJC se ha opuesto a su concesión.

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