El TSJC anula las subidas de sueldo de los funcionarios simpatizantes de Ciuca en Mogán
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la nulidad de la subida de sueldos de funcionarios de Mogán simpatizantes del partido Ciuca, que gobierna junto al PSOE en el municipio.
Los sueldos de estos funcionarios fueron subidos en un pleno celebrado en diciembre de 2015. Según expresa el TSJC en su sentencia, el procedimiento seguido por el gobierno de Ciuca-PSOE no es el adecuado porque en lugar de valorar todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento lo que hace es “reunir al pleno para fijar qué puestos tienen un complemento específico con una cuantía que no se comprende qué elementos pondera, apoyado en los informes del Jefe de Recursos Humanos”.
Añade que el modo de proceder del Ayuntamiento para hacer efectiva esta subida de sueldos supone una vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución Española y, por tanto, de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pues no realiza una comparación con la totalidad de los puestos de trabajo que actualmente están en la plantilla municipal.
La sentencia resalta que la asignación del complemento específico con carácter retroactivo “es una decisión anómala e incomprensible”, pues afecta a presupuestos anteriores de ejercicios cerrados en el capítulo de personal. Prosigue afirmando que la decisión es irrazonable porque para que se retribuyan unas condiciones de especial dificultad estas deben venir fijadas previamente.
Para Nueva Canarias, partido en la oposición que ha hecho pública esta sentencia, el fallo del TSJC muestra algo “muy grave” porque alude al informe del interventor municipal, en el que ya advirtió a la misma alcaldesa, Onalia Bueno, y al resto de concejales del gobierno que para aprobar la subida de sueldos era necesario realizar una valoración íntegra de los puestos de trabajo y que suponía un incumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado del 2015, así como se equiparaban los sueldos a los del Secretario y del Interventor, sin que la responsabilidad fuese la misma.
La sentencia afecta principalmente al funcionario municipal Salvador Álvarez, que fue objeto de expediente y es el actual coordinador de la práctica totalidad de las áreas municipales dado que su sueldo anual se incrementó en más de 27.000 euros anuales.
Según expresa la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, la sentencia confirma que el gobierno de Ciuca-PSOE actuó “en contra de las advertencias del interventor municipal, lo que podría ser un claro caso de prevaricación” y, por otro lado, se evidencia “un claro perjuicio para las arcas municipales, pues se han abonado unas retribuciones nulas, y por tanto ilegales, cuyo coste se estima en unos 437.000 euros”.