Los afectados por el PSIR de Solía exigen un inventario de parcelas industriales vacías en Cantabria: Industria reconoce que no lo tiene
La asociación La Mancha Gris de afectados por el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Solía exigen al Gobierno de Cantabria un inventario verificable de parcelas industriales vacías en la comundad autónoma que justifiquen la operación, “dado que existen más de un millón de metros cuadrados” de suelo industrial disponible. Según los vecinos, la Consejería de Industria reconoce que no tiene ese inventario, pero defiende que es conveniente disponer de reservas ante la llegada de “posibles inversiones”.
Antes de ocupar nuevo suelo, los vecinos afectados reclaman ese listado con información sobre la superficie, urbanización, disponibilidad efectiva y suministros del suelo público. El colectivo sostiene que existen más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial vacante en polígonos desarrollados o en desarrollo y exige que se explique por qué esa oferta no sería suficiente o adecuada.
La asociación cuestiona, además, la falta de un listado acreditado de empresas demandantes de suelo para el proyecto del polígono industrial Federico Cobo y argumenta que “anticipar necesidades futuras no justifica por sí solo transformar terrenos protegidos sin una previsión de demanda suficientemente fundamentada”.
El colectivo, que pretende detener la tramitación de este Plan Singular de Interés Regional sobre terrenos de Solía, Guarnizo y Barrio La Rosa, destinados a las fases 2 y 3 del proyecto Altamira, ha conseguido que el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), se comprometa, al menos, a facilitarles la documentación del expediente del Centro de Datos que se situaría sobre esa zona.
El colectivo se ha reunido con el consejero y el director general de la empresa pública SICAN, Ezequiel San Emeterio, quienes también se han comprometido a mantener una comunicación directa y celebrar nuevas reuniones informativas.
No obstante, la asociación se opone a la utilización del modelo actual del PSIR y reclama una reforma profunda que limite su utilización a actuaciones de muy claro interés regional debidamente acreditadas y refuerce las garantías de municipios y propietarios, porque ahora prevalece sobre el planeamiento municipal y permite expropiar viviendas, terrenos y actividades económicas.
La asociación ha comunicado tras la reunión que trabaja en dos frentes. Por un lado, el Centro de Datos Altamira, que ya cuenta con la declaración de Proyecto Empresarial Estratégico (PEE) y que continúa la elaboración de informes y consultas, sin calendario definitivo. Por otro, el PSIR que se anunciado para hacer el polígono industrial Federico Cobo, cuya tramitación todavía no se ha iniciado formalmente porque su desarrollo está condicionado a una modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL). Una cuestión que el Gobierno de Cantabria pretende resolver a principios de 2027.
En este sentido, desde La Mancha Gris consideran que cualquier modificación debe estar debidamente justificada, someterse a evaluación medioambiental completa, a participación pública y “acreditar la necesidad real de transformar los terrenos”, insisten.
Asimismo, van a solicitar una reunión con la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media (PP) para abordar “las garantías de objetividad e independencia de los procedimientos urbanísticos y ambientales”. El colectivo ha insistido también en que “su disposición al diálogo no supone aceptar el PEE CPD-Altamira ni el PSIR Federico Cobo ni renunciar a sus reivindicaciones”.