Décadas a la espera de derribo: el complicado legado de la corrupción urbanística que riega la costa de Cantabria
Antonio Vilela vivía en Santurce cuando en 1997 tomó una decisión que cambió por completo su vida: comprarse una casa en el municipio cántabro de Argoños. Tres años después, un amigo le llamó por teléfono: “Oye, que en la prensa pone que tu urbanización tiene una sentencia de derribo”. Fue el comienzo de una incertidumbre que arrastra tres décadas.
Cantabria atesora un récord difícil de emular para su tamaño. Más de quinientas viviendas con sentencia de demolición. Todo empezó en la playa de la Arena, en Arnuero, donde se arrasó un encinar para construir una urbanización de 144 apartamentos junto a la ría de Ajo. “Fruto de la naturaleza”, presumían los anuncios. Las casas las edificó Cenavi, una constructora que ya no existe. Paradójicamente, también recibió el encargo de demolerlas.
La mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales -llegaron a ser 835 en total según la documentación consultada por elDiario.es- son herencia de la corrupción urbanística de los años noventa, pero todavía colean las consecuencias del terremoto judicial que ha hecho tambalearse la vida de cientos de familias. Todavía quedan 527 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad. 314 propietarios han muerto sin ver resuelto el conflicto y otros aún viven en precario, en una casa que tarde o temprano tendrán que abandonar.
Ninguno de ellos ha digerido la respuesta a la primera pregunta que se hizo Antonio tras aquella conversación telefónica: “¿Cómo voy a tener una sentencia de derribo, si nunca me ha denunciado nadie y he comprado una vivienda con todos los permisos pertinentes?”. Él no se conformó con aquel veredicto judicial y movilizó a los afectados para ejercer una defensa conjunta. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, se ha convertido en una caravana de desesperanza que todo el mundo conoce en Cantabria y que se gestó en un encierro en el Ayuntamiento de Argoños en diciembre de 2004, una de las primeras movilizaciones de los afectados.
En la siguiente primavera se fundó la organización que ha llegado a reunir 4.600 socios. Su epicentro siempre ha sido el incansable espíritu reivindicador de Antonio Vilela y su contagiosa constancia para organizar movilizaciones. Llegó a llenar un autobús con ochenta personas para viajar a Bruselas y exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo.
Cuando empezó tenía 39 años. Hoy tiene 67 y sigue al frente de AMA. Estudió tanto para poder defender a los afectados que acabó por sacarse la carrera de Derecho.
“En 25 años he conocido a nueve consejeros de Obras Públicas, ninguno ha repetido”, apostilla. Es decir, que cada legislatura empiezan de cero poniendo al día al político de turno sobre una situación que todavía no se ha resuelto.
Las denuncias de una asociación ecologista
En el triángulo hay un tercer vértice: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. ARCA, otras siglas de extraordinaria trascendencia en la comunidad, que ha sido la principal impulsora en los tribunales de los procesos contra el urbanismo ilegal. Ellos lograron que los jueces dictasen las polémicas sentencias de derribo y anulasen planes municipales de urbanismo.
La mayoría de las viviendas con sentencia de ilegalidad se construyeron en dos ayuntamientos costeros, Piélagos y Argoños, y en menor medida en Arnuero y Escalante.
En el municipio de Piélagos —con doce playas en el geoparque Costa Quebrada— gobernó durante 22 años seguidos José Ángel Pacheco, del Partido Popular, que llegó a ser condenado por un juzgado de lo penal de Santander a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Corrupción urbanística. Concedió licencias de construcción a casi 400 viviendas que acabaron con sentencia de demolición. Cuando falleció, sus antiguos compañeros del PP propusieron poner su nombre a un colegio.
La corrupción urbanística ha salido muy cara a los cántabros porque los platos rotos -las indemnizaciones y las viviendas de sustitución que se están ofreciendo como alternativa a los afectados por los derribos- se pagan con dinero público. De hecho, el Gobierno de Cantabria ha tenido que ayudar a los ayuntamientos que eran incapaces, por la desproporción en relación a su presupuesto, a hacer frente a estas cantidades desde que optó por la solución de impulsar procedimientos de responsabilidad patrimonial en 2015. A través de la empresa pública Gesvican se habilitó un fondo de derribos para gestionar el asunto.
En Piélagos (26.901 habitantes) aún quedan en pie 88 viviendas con sentencia de derribo de tres urbanizaciones que se construyeron sobre los acantilados de la playa de Cerrias. Se han tirado tres casas. El Ayuntamiento ha intentado legalizar las viviendas con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —como un indulto a posteriori— pero todavía está pendiente de aprobación.
En este municipio se llegó a urbanizar la ladera del monte La Picota, una zona de alto valor ecológico, pomposamente bautizado como el Alto del Cuco. La constructora Fadesa edificó 241 de las 400 viviendas proyectadas sin permiso de la Comisión Regional de urbanismo (CROTU) antes de que lo frenara un recurso de la asociación ecologista ARCA en los tribunales porque era un espacio protegido. Fue uno de los ejemplos más simbólicos de la corrupción urbanística en Cantabria, con el mismo alcalde: Pacheco. Después de una sentencia del Supremo, 'el Algarrobico de Cantabria' se derribó. Las casas nunca se llegaron a habitar. La demolición le costó 3,7 millones de euros al Gobierno de Cantabria.
Argoños, el segundo municipio más pequeño de Cantabria que alcanza ni los dos mil habitantes, llegó a tener 255 viviendas condenadas a la piqueta. En más de dos décadas solo se han tirado 12. Tres familias ya tienen otra vivienda de sustitución y ocho han preferido cobrar una indemnización económica, en compensación por el valor de los inmuebles y los daños morales padecidos después de tantos años de incertidumbre. Las cuantías las fijaron los tribunales, entre 58.000 y 65.000 euros frente a los 280.000 que reclamaron algunos propietarios.
La última cifra que dio hace unos meses el Gobierno de Cantabria confirma que solo en indemnizar a los propietarios de Piélagos ya han gastado más de 7,5 millones de euros de dinero público.
En Escalante hay 32 viviendas ilegales. Un edificio, al lado de la sede del Ayuntamiento, que hay que derribar. Catorce de las personas que compraron en él un piso ya tienen otra vivienda de sustitución. En el cercano municipio de Arnuero suman 142 las casas condenadas a la piqueta.
“Seguimos habitando en la incertidumbre y la gente que compró con 40 o 50 años se ha hecho muy mayor; si tardan mucho no vamos a quedar ninguno”, lamenta Antonio Vilela. A lo largo del tiempo se han intentado buscar atajos “que lo único que han hecho ha sido retrasarlo todo”, valora.
Además, los propietarios no entienden que ellos hayan tenido que salir de sus casas y que, mientras las derribas, otras personas se hayan metido a vivir en ellas. De hecho, esta semana el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, se presentó con una pala excavadora en una urbanización y se encontró con que solo pudieron derribar dos viviendas porque las otras estaban ocupadas.
Los afectados también señalan otra paradoja en este amargo proceso para ellos, desde el punto de vista personal. Algunas urbanizaciones como Pueblo de Mar o El Camino del portillo en Argoños se edificaron sobre suelo urbano. Es decir, que cuando tiren las casas se podrán hacer otras perfectamente legales. “Es una tortura institucional”, concluye Antonio Vilela.