El fiscal superior de Cantabria alerta del ascenso de los delitos sexuales y la pornografía: “una enfermedad de la sociedad”

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, ha subrayado que los delitos han descendido en Cantabria. Los asuntos penales bajaron un 1% el año pasado y rompen la tendencia al alza de los tres años anteriores, en los que se había registrado un incremento medio del 2,9%. Esa caída contrasta con la subida nacional, superior al 4%.

Arteaga, que ha presentado la memoria anual de la Fiscalía en el Parlamento de Cantabria, ha explicado que, no obstante, aumentaron algunos delitos graves, como los homicidios -incluidos los intentados-, hasta un total de 18, el doble que en 2024.

En concreto, los cometidos contra la integridad física han ido experimentando un ascenso gradual en los últimos cuatro años, así como también en los tres ejercicios previos los que atentan contra la libertad sexual, incluidas aquellas agresiones en las que las víctimas son menores.

Por ello, ha reiterado su preocupación por los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes y ha censurado que en algunos de ellos, como el acoso escolar en el IES Torres Quevedo de Santander, hubo “mucha exposición” en medios de comunicación -sobre todo televisiones- y redes sociales, ámbito en el que se abrieron 14 expedientes por amenazas a los acusados, también menores.

Arteaga se ha referido también al ascenso de los delitos sexuales cometidos a través de medios informáticos y el empleo de la pornografía y ha expresado que es algo “muy preocupante”. “Una enfermedad de la sociedad”, como ha denominado a este tipo de conductas, y ha advertido también de “falta de conciencia social” respecto al derecho a la intimidad.

De otros ilícitos, como el de trata y prostitución, el fiscal ha admitido que “es una delincuencia que siempre ha dado mucho dinero. Es un negocio bueno, desde el punto de vista económico”, ha apuntado. Cantabria seguía en 2025 con diez clubes de alterne y 45 pisos relax y la prostitución también se ejercía en pisos turísticos. Además, en la Memoria se alertaba de la aparición de nuevos escenarios de oferta de servicios de prostitución, como las redes sociales.

Más forenses

Arteaga ha aprovechado su intervención en la Comisión de Justicia de la Cámara cántabra para reiterar la reivindicación -que ya plasmó en el documento de actividad anual- de crear más unidades forenses de valoración integral (UFVI), petición que también reclama el Instituto de Medicina Legal pues solo hay una en la comunidad autónoma. “Desde el Pacto de Estado del año 2004, yo creo que ya es hora de intentar aumentar esa dotación”, ha considerado al respecto.

Recientemente, la consejera de Justicia del Ejecutivo autonómico, Isabel Urrutia, anunció un refuerzo de los servicios de equipos psicosociales y peritos judiciales de la comunidad para mejorar los tiempos de respuesta de la justicia y agilizar la prestación de este servicio público.

Según Arteaga, la dotación de esas nuevas unidades ayudaría a las investigaciones en el ámbito de la violencia de género y, por ejemplo, a “diferenciar mejor” los maltratos habituales de los concretos o puntuales.

En su comparecencia, y a propósito de diferentes preguntas de los portavoces de los grupos en la comisión (VOX, PSOE, PRC Y PP), ha considerado que los fiscales están “tan preparados como los jueces” para llevar a cabo las instrucciones judiciales.

Los asuntos pendientes y las suspensiones de vistas

Entre las cuestiones que también preocupan en el ministerio público también figura la pendencia, es decir, los asuntos judiciales que quedan por resolver al finalizar el año, y que suponían casi el 31% al término de 2025, que es “muchísimo”, especialmente entre los que se tramitan como procedimiento abreviado, que repuntaron un 14% respecto a 2024.

Las suspensiones de los juicios señalados es “otra de las lacras” del sistema, a ojos de Jesús Arteaga, que cree que la celebración de audiencias preliminares fruto de la implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia “es más positivo que negativo”.

Falta de espacio en las sedes judiciales

El fiscal superior de Cantabria ha insistido en el “agotamiento” de los edificios judiciales en esta comunidad autónoma, un problema que “cada año va más allá”, debido a la creación de plazas en los diferentes juzgados y tribunales o en el propio ministerio público, donde se ha habilitado una nueva que entrará en vigor a principios de 2027.

Según ha asegurado, los edificios judiciales “ya están agotados”, hasta el punto de que, como ha comentado, “hay muchos despachos que ahora ya se sacan de la creatividad porque están en pasillos, a los que se les muerde un trozo y están en pasillos”, ha señalado, para apuntar a las “dificultades” que esto supone y también a las condiciones de trabajo que conlleva, que “a veces no son las mejores” en cuanto a espacio, luz natural, calefacción o refrigeración, por ejemplo.

Así, el jefe de la Fiscalía en Cantabria ve “fundamental” contar con una sede en Santander, frente a las tres de las que dispone en la actualidad, una de ellas, la de Las Salesas, repartida en dos edificios conectados entre sí por una pasarela que ahora no está operativa.

“Las fiscalías en general nos defendemos muy bien con la concentración, puesto que podemos intervenir en todo prácticamente todos, aunque cada día hay más especialización”, ha esgrimido Arteaga este martes en el Parlamento de Cantabria, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de 2026, que recopila la actividad de 2025, y que dio a conocer hace un mes durante la apertura del año judicial.

En ese acto, ya reclamó una sede judicial única en la capital o paliar el problema del calor en los juzgados, asuntos que ha vuelto a poner de manifiesto ante los diputados cántabros, a los que también ha trasladado las “disfunciones” del edificio de Laredo, de espacio y por estar “muy anticuado”. “Tiene goteras y hace muchísimo calor en verano”, ha ilustrado.

Así, la Fiscalía reconoce y valora el plan del Gobierno de Cantabria para invertir más de 5 millones de euros hasta 2031 en mejorar las infraestructuras judiciales, más cuando “no se construiría de un año para otro” un “hipotético” edificio nuevo o la denominada 'ciudad de la justicia'. Esta última está prevista en el proyecto 'Bosques de Santander', promovido por una inmobiliaria para construir cerca de 8.000 viviendas (el 40% de protección oficial) en terrenos de Santander y también de Santa Cruz de Bezana y Camargo.