Laredo llevará por tercera vez al pleno municipal la rehabilitación del paseo marítimo avalada por un informe jurídico y otro técnico
El Ayuntamiento de Laredo convocará a finales de la próxima semana un pleno extraordinario para llevar, por tercera vez, el condicionado de la Demarcación de Costas que permitiría legalizar la ocupación del dominio público marítimo-terrestre correspondiente al actual paseo marítimo y poder así desarrollar el proyecto de rehabilitación que incluye también la recuperación y renaturalización del arroyo del Mantilla.
Para la sesión, que se celebrará tras la comisión informativa a todos los grupos políticos, se incorporarán dos nuevos informes que “refuerzan la garantía técnica y jurídica al procedimiento”, ha indicado este domingo en nota de prensa el Consistorio, después del rechazo del condicionado en el pleno de marzo que además provocó la salida de la concejala de Hacemos Laredo, Rosalina López Visitación, del equipo de Gobierno tras su voto en contra.
Según ha detallado el Ayuntamiento, por un lado está el informe elaborado por el catedrático emérito de Derecho Administrativo Ángel Menéndez Rexach, en el que -ha explicado- recomienda la aceptación del condicionado como vía para obtener la concesión, proponiendo simultáneamente la solicitud de retirada o modificación de aquellas cláusulas que puedan considerarse discutibles, reservándose, además, la posibilidad de su impugnación posterior ante los tribunales.
En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que el dictamen recuerda la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, donde se indica que la aceptación de un condicionado no impide recurrir posteriormente sus cláusulas ni compromete la validez de la concesión otorgada.
Por otro lado, está el informe de la Demarcación de Costas en Cantabria, que responde de forma “detallada” a las objeciones planteadas en el anterior pleno concluyendo que dichas cuestiones “ya habían sido debidamente contestadas en resoluciones previas”, ha informado el Consistorio.
Al respecto, ha afirmado que entre sus conclusiones, el reporte dice que la supresión de aparcamientos en dominio público responde a la aplicación estricta de la Ley de Costas, que prohíbe expresamente este tipo de usos, y que además esa zona venía siendo utilizada de forma “irregular” para estacionamiento de caravanas.
Asimismo, se establece que el Consistorio podrá contar con el apoyo de la comunidad autónoma en materia de Protección Civil, sin que ello suponga una asunción en solitario de competencias que no le corresponden.
Por último, el Ayuntamiento ha señalado que el documento confirma que el nuevo encauzamiento del arroyo Mantilla ha sido definido técnicamente y garantiza capacidad hidráulica suficiente para avenidas de hasta 500 años de periodo de retorno. Esto significa que “se reducirán significativamente las posibilidades de inundación de los barrios de San Lorenzo, Pelegrín y La Pesquera”.
“No va de siglas”
Por su parte, el alcalde, Miguel González (PP), ha asegurado que esta tercera votación “no constituye una repetición de los debates anteriores, sino una nueva oportunidad en un escenario sustancialmente distinto”, con la incorporación de los dos informes.
Por ello, ha afirmado que “esto no va de siglas, va del futuro de Laredo y del bienestar de todos los ciudadanos”. González ha asegurado que “aprobar el condicionado es la única vía legal para conservar el paseo que tenemos y construir el que Laredo merece. Quien vote en contra está votando, en la práctica, por el derribo”.
Al respecto, el regidor ha subrayado que tanto la Demarcación de Costas como el informe jurídico “coinciden en un punto esencial: sin la aceptación del condicionado no es posible otorgar la concesión administrativa”.
Por este motivo ha recalcado que, si no se acepta dicho condicionado, el Consistorio se vería obligado a iniciar los trabajos para la retirada de las obras y ocupaciones existentes en dominio público, lo que implicaría “la desaparición del actual paseo marítimo en los términos en los que hoy se conoce”.
González ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos políticos de la Corporación ante una decisión que considera “estructural” para el futuro del municipio. “Hemos traído informes, hemos traído argumentos jurídicos y hemos traído soluciones. Pido a la oposición que esté a la altura”
Finalmente, ha anunciado que el Ministerio ha abierto un nuevo plazo de audiencia de 15 días, lo que hace “especialmente relevante” esta nueva convocatoria plenaria, ya que “un nuevo rechazo podría dejar al municipio sin margen de maniobra y abocado al escenario de demolición”, ha sostenido.