La Plataforma de Sanidad exige retirar el proyecto de Ley de Salud Digital porque no garantiza la custodia de los datos de los pacientes
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha exigido la retirada del anteproyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria que estos momentos tramita el Parlamento autonómico porque expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, no garantiza la confidencialidad y la custodia de los datos de los pacientes.
El médico Antonio Jiménez, portavoz del colectivo, explica que en la normativa impulsada por la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria “el dato tiene un sentido económico, no científico” y, por lo tanto, puede ser usado para obtener rentabilidad económica. Por ello, alerta sobre el uso secundario del dato “que se utiliza para otras cosas que no son asistencia sanitaria”.
Como adelantó elDiario.es, un informe elaborado por juristas para la Plataforma advierte que el proyecto de Ley de Salud Digital expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.
La Plataforma considera que las prisas del Gobierno de Cantabria por legislar sobre esta cuestión -anticipandose a la normativa nacional y europea, que están en fase de desarrollo- responden a que “necesitan una cobertura legal” para ceder los datos de Cohorte al laboratorio privado estadounidense.
Respecto a la futura Ley de Salud Digital consideran que “nuevamente, como en Valdata, pone el foco el proyecto económico no en el científico” y por lo tanto hay que usarlo para obtener rentabilidad. Los defensores de la sanidad pública piden a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad. “Este proyecto tiene que ser retirado porque no da garantias de seguridad en la custodia de los datos”, advierte.
En este sentido, añade que la ley “no legisla” sino que lo deja al desarrollo del reglamento. “Algo tan sensible tiene que tener cobertura en la propia ley, y no lo hace”, exigen. Si no se retira, la Plataforma presentará un recurso de inconstitucionalidad a través del Defensor del pueblo.
Jiménez ha explicado que tradicionalmente todos los datos de la salud de los cántabros se recogían en papel pero ahora ha llegado a la edad de la digitalización y la historia clínica es ahora electrónica y se almacena en formato digital. Esto conlleva una necesidad de regular esos datos, pero el problema del proyecto de Ley de Salud Digital “tiene los mismos sustratos privatizadores de todo este Gobierno” como el Plan de Salud, el convenio singular con Santa Clotilde o Valdata y Cohorte, ha señalado.
Desde la Plataforma han recordado que el Plan de Salud ya hablaba de colaboración público-privada para el futuro campus de la salud que se edificará en la antigua Residencia Cantabria. En paralelo, el convenio con Santa Clotilde “que es una forma de prestación sanitaria privada que no tiene parangón” porque no se limita a mandar pacientes para solucionar las listas de espera, sino que se trata de “dopar a una empresa privada para mejorar la calidad de la asistencia privada”, advierte el portavoz de la Plataforma. “Esto es privatización 2.0, de segunda generación”, denuncia.
Por último, cita el ejemplo de Valdata, “muy bien financiado, que se le da a un grupo de juristas, de abogados, no de investigadores sanitarios” para darle cobertura legal al uso del dato y ponerse a disposición de la empresa privada. “Y lo dicen sin ambages”, subraya Jiménez.
En este sentido, apunta que lo intentaron hacer también con el proyecto Cohorte Cantabria cuando el actual Gobierno de Cantabria “decidió sobre la marcha” regalar los datos de salud y socioeconómicos de más de 50.000 cántabros a un laboratorio privado. “Para ello, necesita una legislación nueva, necesita tener una cobertura legal que no tenía”, resume.
Desde la Plataforma informan que se está desarrollando legislación europea sobre datos, que estará concluida en 2029 y sobre los estudios genómicos para 2031. En España también está en trámite. “El Gobierno de Cantabria, con una asombrosa agilidad administrativa, echa para delante con una legislación que invade las competencias del estado y que puede generar desigualdades entre comunidades”, explica el portavoz.