El PRC reivindica la identidad de Cantabria con la Ley de Patrimonio que creará un Consejo con fuerte protagonismo en su gestión
“El patrimonio es identidad, es lo que nos define como personas y como pueblo”, pronunció Javier López Estrada. El diputado y alcalde de Torrelavega puso un ejemplo muy claro: “La lechera ya estaba cuando nacimos y estará cuando ya no estemos”.
No es habitual que un partido de la oposición impulse una ley en el Parlamento. Los proyectos suelen venir avalados por quiénes gobiernan. Pero el Partido Regionalista de Cantabria reivindica la bandera de la identidad con una Ley de Patrimonio Cultural que va a quedar ineludiblemente asociada a la memoria de su impulsor, el político Javier López Marcano fallecido recientemente.
En este caso, la propuesta desde el banquillo de la oposición va a prosperar porque su aprobación se negoció en el acuerdo de presupuestos que el PRC firmó con el Gobierno del Partido Popular de la comunidad. Pero el trámite de la ley no ha permanecido, como en otras ocasiones, en los despachos. Esta vez ha salido a la calle. Los regionalistas han organizado la primera de unas jornadas para analizar el proyecto de ley, debatir y recoger aportaciones de colectivos y personas vinculados a la defensa del patrimonio antes de que se apruebe en el Parlamento.
Para ello reunió en una mesa redonda a especialistas, representantes de asociaciones y entidades vinculadas a la protección, conservación y divulgación del patrimonio. Bernardo Colsa, reconocido conocedor y divulgador del patrimonio de Cantabria, moderó la jornada sobre el texto que actualiza y mejora la anterior norma de 1998. “Investigación, conservación y divulgación”, recitó. También fue crítico con la impunidad y expresó que, además, desde el punto de vista de los recursos económicos “la cultura no tiene por qué ser el patito feo”.
Un consejo con atribuciones destacadas
Susana de la Sierra, catedrática de derecho administrativo, explicó que la futura Ley tiene a su juicio dos fortalezas: un plan y un Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio cuyos miembros -en su opinión- deberían trascender a la legislatura para fortalecer su carácter de expertos independientes. Es un órgano “muy ambicioso” que asesorará al Gobierno en materia de cultura y patrimonio, emitirá informes sobre las propuestas de declaración de bienes de interés cultural, valorará la adquisición de bienes, promoverá publicaciones y estudios y elaborará el Plan de Patrimonio Cultural de Cantabria que define la futura ley. Es decir, que asume un papel protagonista en la gestión del patrimonio respecto a los técnicos de la administración y los propios responsables políticos.
Este futuro organismo trabajará en, al menos, siete comisiones -arquelogía, patrimonio industrial y patrimonio edificado, entre otras- y la cuestión clave es quienes formarán ese Consejo. El proyecto de Ley que ya está registrado en el Parlamento establece que estará compuesto por las propias consejerías, ayuntamientos, Universidad de Cantabria, entidades y asociaciones de cultura y patrimonio, entre otros miembros.
La mesa redonda organizada por los regionalistas dio voz al presidente del Grupo Alceda, Aurelio González de Riancho, que reconoció que la ley anterior de patrimonio ha sido buena “pero no se ha cumplido” y puso como ejemplo el “silencio administrativo, que era terrible”. En su intervención aportó una propuesta: la figura de los técnicos de patrimonio al servicio de los ayuntamientos, porque en los planes urbanísticos municipales debería haber un catálogo de los bienes que tienen que proteger.
También hubo un espacio de reflexión para los “patrimonios olvidados”. Felipe Sanz, experto de la Red de Patrimonio Industrial de Cantabria apuntó que desde la asociación sienten “bastante peso de responsabilidad” cuando a cierto nivel la protección de los bienes industriales “debería pasar a la administración”. “Hay que inventariar para proteger”, subrayó y habló de la necesidad de disponer de espacios físicos para archivos y elementos patrimoniales de valor: “se necesita un depósito almacén de patrimonio mueble”.
El PRC invitó también al presidente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) que acaba de cumplir cincuenta años y que su presidente, Marín Sánchez, reivindicó como “la asociación cívica más antigua” que hay en la comunidad para la conservación del patrimonio. En su caso, entre otras cuestiones, llamó al atención sobre que “muchas fiestas se están prostituyendo”.
Una de las cuestiones a las que se aludieron fue la necesidad de que los Bienes de Interés Cultural de caracter especial tengan ligado un “plan de salvaguarda”, algo que contempla la ley, un apoyo económico para aquellas circunstancias en los que los propietarios no pueden hacer frente a la conservación o restauración de un bien patrimonial.
En el debate se aludió, además, a la 'conservación de ruinas'. Los expertos coincidieron en que es una fórmula para mantener -sin necesidad de reparar de forma un tanto artificial- cierto patrimonio.
González de Riancho incidió en la carencia de inventarios y catálogos: “no se sabe lo que hay y no se puede gestionar lo que no se conoce”.
Bernando Colsa quiso hacer mención al voluntariado cultural, a las personas que trabajan desinteresadamente por la defensa y divulgación del patrimonio, a los vecinos que se ocupan de enseñar iglesias u otros recintos en los pueblos de Cantabria. Los representantes culturales presentes manifestaron que no necesitaban reconocimiento, sino ayuda. Pero que, en todo caso, se podría comparar con lo que hacen otras comunidades.
Las intervenciones de los asistentes a la jornada pusieron de relieve la preocupación por la protección de los entornos de los bienes, una cuestión a la que dan mucha importancia y que en su opinión no está recogido de manera suficientemente conveniente en la actual ley. Otro asistente advirtió de que la ley plantea hacer muchos inventarios que los técnicos de la Consejería no pueden realizar.
Se pidió también que la norma incluya la figura del arqueólogo habilitado que tenga potestad para paralizar por si mismo actuaciones que provoquen riesgo arqueológico. Entre las sugerencias se concluyó reivindicando también otra figura, la de conservador restaurador profesional, titulado.
Más de 40 comparecencias
La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha valorado la contribución de este encuentro para abrir una nueva fase dentro de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo y “enriquecer” el texto registrado en el Parlamento.
En este sentido, ha recordado que el Grupo Parlamentario Regionalista ha solicitado más de 40 comparecencias de especialistas y representantes del sector para recabar sus aportaciones durante los próximos meses.
“A partir de septiembre vamos a tener las comparecencias, más de 40 solicitadas por el Grupo Parlamentario Regionalista, de muchas de las personas que han estado en esta jornada y, a partir de ahí, las enmiendas para lograr un texto enriquecido con las aportaciones de todos”, ha afirmado.