El patrimonio de Cantabria sufre un tapón burocrático que amenaza con dejar sin protección legal a decenas de monumentos históricos. Y es que el propio Gobierno autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) reconoce que mantiene 80 solicitudes en lista de espera para ser declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), sin un calendario definido y sin dar a conocer el listado completo de los bienes afectados.
“No existe un listado público de solicitudes pendientes de tramitación”. Así ha respondido la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico que dirige Guillermina Fernández (PP) a preguntas de elDiario.es sobre la situación de la tramitación de los BIC en Cantabria a raíz de una respuesta parlamentaria en la que el propio Ejecutivo reconoce el embudo existente.
La consecuencia de esta parálisis administrativa es clara: monumentos, edificios y lugares de gran valor histórico siguen sin la protección legal que garantizaría su conservación y puesta en valor. Como ejemplo de ello, la Casa de José María de Pereda en Polanco, cuya tramitación está congelada porque “antes existen decenas de solicitudes acumuladas”, algunas de ellas con más de siete años de retraso, tal y como reconoce por escrito el Gobierno en la documentación consultada por este periódico.
“Considerando que existen 80 solicitudes presentadas previamente a la señalada, no puede estimarse un plazo para comenzar a tramitar dicho expediente. Desde la DireccioÌn General de Cultura y Patrimonio HistoÌrico se pondraÌn en marcha todos los recursos posibles para que el procedimiento se pueda iniciar cuanto antes”, señala el Ejecutivo del PP en una respuesta parlamentaria al PSOE y que está disponible para su consulta pública.
En ella, el propio Gobierno admite que 29 peticiones previas, anteriores a 2018, nunca llegaron a analizarse. Hoy continúan pendientes y ni siquiera se ha iniciado su estudio: “Como referencia, puede señalarse que la solicitud correspondiente al uÌltimo expediente de declaracioÌn que se ha incoado, tuvo entrada en el registro en 2018. No obstante, cabe señalar asimismo que se ha detectado en el Servicio de Patrimonio Cultural la existencia de 29 solicitudes de declaracioÌn anteriores a 2018 que estaban sin tramitar”.
Cultura insiste en que los expedientes se tramitan estrictamente “por orden de entrada”, lo que convierte la lista de espera en un auténtico cuello de botella. Pese a la magnitud del atasco, el Ejecutivo que dirige María José Sáenz de Buruaga (PP) no hace público el listado de solicitudes pendientes, por lo que resulta imposible conocer qué bienes culturales aguardan turno, en qué municipios se encuentran y de qué tipología son.
En contraste con las 80 peticiones bloqueadas, actualmente solo tres expedientes avanzan en tramitación, todos ellos en el municipio de Reocín: La delimitación del entorno de protección del Palacio y Torre de los Bustamante, en Quijas, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1982, cuya resolución fue aprobada por el Consejo de Gobierno este mes de septiembre; la declaración del conjunto histórico del barrio San Pedro, en Puente San Miguel, como Bien de Interés Local, publicada en el BOC el 24 de septiembre de este año, y la declaración de la central eléctrica El Pavón, en Villapresente, también como Bien de Interés Local.
La Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria establece un plazo máximo de 12 meses para resolver cada expediente desde su incoación. Sin embargo, la propia Consejería admite que no maneja plazos orientativos ni un calendario que permita prever cuándo se desbloqueará la lista de espera. El resultado es un patrimonio atrapado en la burocracia: edificios históricos sin protección legal, entornos paisajísticos vulnerables a transformaciones irreversibles y un legado cultural que, en lugar de preservarse, queda expuesto al paso del tiempo y a la falta de respuesta institucional.
Lista Roja: 67 bienes en riesgo en Cantabria
Hispania Nostra, asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y dedicada a la defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España, cuenta con el llamado 'semáforo patrimonial': una clasificación por colores que incluye la Lista Roja (bienes en riesgo serio de desaparición o alteración grave), la Lista Verde (bienes recuperados o intervenidos con éxito) y la Lista Negra (elementos ya desaparecidos o muy deteriorados irreversibles).
Cantabria cerró 2024 con un saldo claramente inclinado hacia el deterioro: el pasado año se incluyeron cuatro bienes nuevos en la Lista Roja (molino del Romano en Galizano, portalada de la antigua Casa de Salud Valdecilla en Maliaño, ermita de Jesús, María y José en Liendo y molino de El Ronzón en Bezana), y durante este 2025 se han ido incorporando otros como la Casa de Hoya y la Torre de Jado, ambas en Argoños, la Casa Rosales en Santander o la Torre Alvarado en Heras.
Así pues, actualmente Cantabria sigue con la 'luz de emergencia' encendida: 67 bienes están en la Lista Roja, mientras que apenas tres han alcanzado la Lista Verde y dos figuran en la Lista Negra, es decir, ya muy dañados o irrecuperables. Esto evidencia que el tapón burocrático que existe en la Consejería de Cultura no es solo una cuestión administrativa: tiene consecuencias reales para el patrimonio histórico y cultural de la comunidad.