Maniobras jurídicas contra la infancia más vulnerable

Pongamos que una investigación antropológica informara de que los jefes de ciertas tribus previas al descubrimiento de la agricultura eran reacios a atender a los niños de otras etnias. Sería lógico y muy humano sentir un rechazo inmediato hacia esos gobernantes y su edadismo —discriminación por edad— infantófobo primitivo que, ajeno al respeto de los derechos elementales de la infancia, llevara a despreciar las crías ajenas, permitiendo que, en caso de encontrarse con esos niños y niñas perdidos por guerra, desplazamientos o hambre, se permitiera que pasasen necesidades e incluso que se jugasen la vida. 

Pero lo cierto es que no existe tal obra porque no hay restos que permitan deducir que algo así se haya dado: resulta que, a menudo, en las civilizaciones primitivas previas al Neolítico, el cuidado de los niños era una responsabilidad colectiva y, en diversas comunidades indígenas, la adopción y la crianza compartida son todavía prácticas comunes, de modo que los niños que quedan huérfanos o sin hogar suelen ser acogidos por otros miembros de la comunidad. Estas prácticas demuestran un sentido de responsabilidad colectiva hacia el bienestar de los niños que, en pleno siglo XXI, no está demostrando el Gobierno de Cantabria —y no es el único, por cierto—, que se niega a acoger a niños desamparados cuyo delito consiste en no ser españoles ni demasiado blancos. Qué escaso desarrollo moral exhiben, se mire como se mire. 

El contraste de nuestra inhumana actualidad con tribus primitivas y originarias me lo ha sugerido la lectura del magnífico trabajo de David Graeber y David Wengrow titulado 'El amanecer de todo', investigación que cuestiona el relato lineal y evolucionista que coloca las sociedades primitivas en una especie de infancia de la humanidad. Estos científicos, antropólogos y arqueólogos, desafían las narrativas que, al estilo del superventas 'Sapiens', de Yuval Noah Harari, han llevado a considerar que el desarrollo humano es homogéneo y progresivo y nosotros ocupamos algo así como un estadio superior. No se trata de negar los avances, pero es interesante mirar con humildad lo que otros modos de vida pueden enseñarnos y a nadie se le escapa que en asuntos de moral y política, de convivencia y solidaridad, estamos peor que algunas épocas y civilizaciones muy anteriores. 

Declaraciones como las ofrecidas en estos días por el Gobierno de Cantabria respecto a los niños y niñas extranjeros solos, que se encuentran en desamparo —los llamados, a menudo para deshumanizarlos, por sus siglas burocráticas, 'MENA': menores extranjeros no acompañados— avergüenzan. Han decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, negándose a la solidaridad para acoger a estos niños y niñas que subsisten separados de sus padres: hay decisiones políticas que no admiten excusas técnicas ni justificaciones jurídicas, ni mucho menos pueden sostenerse con razonamientos éticamente inaceptables.

Los niños migrantes desamparados son niños y niñas tan inocentes, asustados, indefensos y merecedores de protección como lo serían nuestros propios hijos. No son un problema sino una responsabilidad. Negarse a asumirla no solo incumple la ley, traiciona valores esenciales, de los que vertebran eso que denominamos humanidad

No se trata aquí de cifras, ni de competencias, ni de partidas presupuestarias… Hablamos de las necesidades de niños y niñas, esto es, de seres humanos vulnerables, que están solos y abandonados en un mundo que, francamente, les tiene que parecer tremendamente hostil. Imaginemos que nuestros hijos llegaran a un país extranjero, tras jugarse la vida en un periplo imposible, y les tratasen así. Pero el Gobierno autonómico ha preferido parapetarse detrás del artículo 24 del Estatuto de Autonomía. Como si la burocracia pudiera disimular la cobardía política y moral, lo utiliza para negarse a acoger a algo más de un centenar de menores. Les parece mejor que se hacinen en Canarias, Ceuta y Melilla. Un rechazo egoísta e inhumano a cumplir con un reparto solidario que busca aliviar los territorios desbordados y, sobre todo, asistir a la infancia migrante.

Dice la consejera de nada menos que “inclusión social, juventud, familias e igualdad”, Begoña Gómez del Río, que hay que tomar medidas “en origen” porque estos niños y niñas solos son víctimas de mafias. Lo dice sin aportar dato alguno, utilizando “en origen”, un eufemismo que maquilla la pretensión de que sencillamente no vengan, y alimentando, con la mención a las mafias, un bulo alarmista y estigmatizador. De hecho, son las mismas fantasmales mafias que se usaban para justificar la negativa a ayudar a los refugiados. Al final, es la forma ladina de reivindicar lo mismo que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, que acudió a la sesión con una camiseta blanca en la que se leía “Menas a su país”. La consejera debería hacerse una que diga “#MenasTratadoEnOrigen” por un lado y “#EnOcasionesVeoMafias” por otro. No vayan a decirle los de Vox que son unos acomplejados.

Estos menores son víctimas de redes, sí, pero no de redes mafiosas al uso: son víctimas de redes de abandono estructural, de redes de pobreza, de redes de violencia institucional y de desesperanza. El derecho internacional obliga a protegerlos, sin distinción de origen ni estatus jurídico, en la medida en que España es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero son víctimas de redes de políticos que olvidan o quieren obviar que el interés superior del menor no es una cláusula decorativa opcional: es un principio jurídico vinculante.

La ley que pretenden impugnar no impone cuotas arbitrariamente. Establece criterios objetivos para estimar el número a acoger —población, renta, esfuerzo previo de acogida, tasa de paro…— para redistribuir con justicia a niñas y niños que ahora se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla.  A Cantabria le corresponderían 170, y ni mucho menos está desbordada. Según los datos más recientes suministrados por la Consejería, hay 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a extranjeros no acompañados. Actualmente, de estas últimas hay ocupadas 25, por lo que ascienden a 11 las libres pero, ante todo, disponemos de un sistema con capacidad estructural muy por encima del umbral que justificaría el rechazo. Negarse a acoger por un tecnicismo, por una supuesta invasión de competencias autonómicas, no es defender la autonomía ni las instituciones, es pervertirlas. Canarias, por cierto, ya intentó algo similar y no le salió bien. 

Los niños migrantes desamparados son niños y niñas tan inocentes, asustados, indefensos y merecedores de protección como lo serían nuestros propios hijos. No son un problema sino una responsabilidad. Negarse a asumirla no solo incumple la ley, traiciona valores esenciales, de los que vertebran eso que denominamos humanidad. Mal vamos si damos por bueno que nuestros representantes se comporten de un modo tan inhumano.