El Sindicato de Estudiantes pide explicaciones a Delegación del Gobierno de Cantabria por actuaciones policiales durante la huelga
El Sindicato de Estudiantes de Cantabria ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno en un escrito por las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre en Santander y Torrelavega.
En un comunicado, la organización sindical ha expuesto que, en esa jornada, se identificó a varias personas sin que “se les comunicara de manera clara y comprensible los motivos”, según el sindicato.
Así, la organización ha subrayado que la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana exige que estos requerimientos respondan a supuestos legalmente previstos y que se informe a la persona de las razones de forma inmediata y comprensible.
En el escrito, los estudiantes han denunciado también que agentes de la Policía Nacional “impidieron o dificultaron” que las personas presentes grabaran sus intervenciones con dispositivos móviles. Unas restricciones que, a su juicio, “carecen de fundamento claro” debido a que la ley “no establece una prohibición general de captar imágenes de la actuación policial”.
Asimismo, los estudiantes han señalado que observaron la presencia de agentes que no portaban su número de identificación de manera visible, lo que dificultó que los afectados pudieran conocer la identidad de quienes intervinieron y presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas.
Por todo ello, el Sindicato de Estudiantes ha solicitado a la Delegación del Gobierno un informe de los motivos concretos de los requerimientos de identificación y si se les explicaron a las personas afectadas; el detalle de las instrucciones dadas a los agentes sobre la grabación de sus intervenciones; que aclare si los efectivos portaban los distintivos de identificación; que facilite la información sobre el dispositivo policial desplegado en ambas localidades; que investigue los hechos y compruebe si las actuaciones se ajustaron a la normativa, y que dé una respuesta “expresa y motivada” a todas las cuestiones planteadas.
En este sentido, ha afirmado que cuenta con imágenes y grabaciones que documentan las circunstancias expuestas, entre ellas la ausencia de identificación profesional visible de determinados agentes y los impedimentos para grabar.
“Ese material queda a disposición de la Delegación del Gobierno y será difundido públicamente junto con el escrito. La ciudadanía tiene derecho a conocer los motivos de las actuaciones que le afectan, a identificar a los funcionarios que intervienen y a ejercer sus derechos sin restricciones que no encuentren amparo en el ordenamiento jurídico”, ha concluido.