La promotora del centro de proceso de datos Altamira inició la compra de la mitad de los terrenos públicos donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse públicamente el proyecto. Cuando en febrero de 2025 el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto. Un documento que el Gobierno de Cantabria prevé aprobar para que las obras de la primera fase empiecen en menos de un año, en enero de 2026.
Tres meses después, la promotora privada registró oficialmente la solicitud de proyecto estratégico con un informe de 15 hojas que llegó censurado al Parlamento de Cantabria, con posterioridad a la comparecencia informativa del consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP). El resto de suelo industrial que necesita tiene previsto adquirirlo dentro de tres años, en julio de 2028, cuando ya haya avanzado las primeras fases del proyecto.
El proyecto se va a ubicar en una parcela de 636.432 metros cuadrados en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) para desarrollar y comercializar este suelo industrial, que lleva sin actividad alguna desde hace 18 años, en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Una ubicación que la empresa considera “estratégica” en torno a un nudo de autovías: la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67, además de su proximidad a dos infraestructuras: el puerto y el aeropuerto.
El 25 de noviembre de 2024, cuando aún no se conocía el proyecto, VIPAR sacó a la venta la denominada parcela Altamira 1, de 374.572 metros cuadrados, el 60% del terreno previsto para el centro de datos, con un precio mínimo de 7,8 millones (sin IVA). Ese mismo día se abrió el proceso en la Plataforma de Contratación del Estado y en la web de SEPIDES al que únicamente se presentó el grupo Stoneshield Capital. Lo hizo a través de otra sociedad, Tavira, que el pasado 23 de junio cambió de nombre a XDC North Coast, S.L.
Tres meses después, en mayo de este año, la empresa pública autorizó la venta definitiva de los terrenos del polígono industrial por el importe de salida, aunque al añadir el IVA el desembolso para la promotora asciende a 9.492.450 euros (7.845.000 euros más IVA). Sin embargo, la compra no se ha formalizado hasta el pasado 4 de julio a nombre de la última empresa.
12 módulos de centros de datos
La promotora ya dispone en este momento de más de la mitad del suelo que necesita para desarrollar una iniciativa empresarial que promete 3.600 milllones de euros de inversión y la creación de casi 1.500 empleos directos e indirectos. La previsión es instalar 12 módulos de centros de datos de 40 megavatios con 75.000 metros cuadrados de paneles fotovoltáicos. Pero, por ahora, es solo un proyecto de papel.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), explicó en su día que la apuesta del grupo Stoneshield Capital por Cantabria “no ha sido una casualidad o una cuestión de suerte”, sino que es “el resultado de muchos meses de trabajo serio, riguroso y también discreto; de la buena gestión para encontrar la mejorar ubicación estratégica, localizar el suelo y de las medidas que hemos adoptado para sembrar las condiciones para que Altamira pudiera instalarse aquí”.
Siguientes fases
La tramitación del proyecto continúa con un calendario de plazos con el horizonte de que el campus tecnológico de centros de datos Altamira esté terminado y a pleno rendimiento en 2032, dentro de siete años, aunque en un principio se puso como fecha el 2030. Previamente deberá resolverse otro problema que ahora preocupa el Ejecutivo autonómico y a los promotores: el suministro eléctrico necesario cuyo impacto previamente se había minimizado.
Las obras de las fases dos y tres también se desarrollarán a través de la figura de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para acelerar la tramitación urbanística, cuya aprobación inicialmente se anunció para julio de 2027 con la idea de que las obras comiencen en 2028, fecha en la que se comprarán los terrenos que faltan para completar la propiedad de los más de 600.0000 metros cuadrados de suelo industrial necesarios.