El Gobierno de Cantabria y la Diputación de Guipúzcoa ya han cerrado un preacuerdo para que la provincia vasca vierta sus residuos en el vertedero de Meruelo. El traslado de fracción -desechos que se no se pueden reciclar ni reutilizar- hasta territorio cántabro se mantendrá durante los próximos cuatro años y, en cuanto a la cantidad, será algo menor de la inicialmente prevista debido a que la Mancomunidad de Urola Erdia ha accedido a mantener abierto “entre dos y tres meses” más el vertedero de Lapatx, el último que queda en Guipúzcoa.
La operación no le saldrá barata a la Diputación Foral. A cambio, tendrá que abonar al Ejecutivo de Cantabria un precio de 96 euros por tonelada más IVA, lo cual supone “un sobrecoste del 50%”, si bien prevé renegociar los precios en función de la cantidad de residuos que finalmente se envíe. El cupo “mínimo” apalabrado es de 50.000 toneladas y el acuerdo entrará en vigor este jueves 6 de febrero.
El diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputaciónde Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, ha manifestado este martes que la decisión de mantener abierto Lapatx hasta que se agote “es un mal menor” que permitirá “ordenar la logística y modular la cantidad de residuo” que tendrán que trasladar hasta Cantabria, a casi 180 kilómetros de distancia.
“Es un cierto alivio”, ha reconocido Asensio, que, no obstante, ha recordado que su departamento había planteado mantener Lapatx abierto durante un año porque “la ampliación era posible técnica y financieramente”, ha defendido.
En caso de que la Mancomunidad no hubiera accedido a ampliar el plazo de apertura, la Diputación estaba obligada a enviar “unos 25 camiones diarios a Cantabria, lo cual es logísticamente complicado, medioambientalmente una mala solución y económicamente una solución cara”, ha explicado el diputado.
Álaba y Bizkaia, sin espacio
Asensio también ha señalado que la alternativa de Cantabria era “la única viable” porque permite dar respuesta a los residuos durante cuatro años, al tiempo que ha resaltado que era “el más cercano donde se puede enviar residuo” puesto que tanto Álava como Bizkaia no disponen de espacio suficiente para asumir las basuras de Guipúzcoa.
Mientras tanto, el Departamento de Medio Ambiente, seguirá buscando otras alternativas como la utilización de vertederos industriales que están en funcionamiento actualmente hasta que la nueva planta de Zubieta esté operativa.
“De todas maneras, quiero dejar claro que a esta crítica situación hemos llegado porque en la legislatura anterior no se planificó nada y dejó a Guipúzcoa sin ninguna infraestructura para el tratamiento de los residuos, en contra de la planificación aprobada por los guipuzcoanos en sus normas forales”, ha resaltado Asensio.
La “interlocución” socialista
Por otro lado, el portavoz del grupo del PSE-EE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Eneko Andueza, ha destacado la “colaboración institucional” alcanzada entre la vicepresidenta socialista de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y el diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, el también socialista, José Ignacio Asensio.
De este modo, ha agradecido a sus compañeros de Cantabria “su muestra de solidaridad y su diligencia y rapidez en la gestión de una cuestión” que es un tema de “emergencia”. “Ambos responsables políticos socialistas han primado, frente a cualquier otra cuestión, el interés general y la salud pública en una situación muy crítica en la que la alternativa era no recoger los residuos de la calle”, según ha ensalzado.
Desde Podemos Cantabria han expresado su sorpresa y preocupación porque detrás de la “generosidad” de la comunidad autónoma con Guipúzcoa se esconda un “interés oculto” para salvar la empresa pública MARE -responsable de gestionar los residuos-, “un auténtico cementerio de elefantes de ex altos cargos socialistas y que atraviesa graves problemas económicos”, en opinión de la formación morada.
En un comunicado, han señalado que no ven “serio” que la “movilización legítima” de la sociedad vasca para evitar la apertura de incineradores “acabe repercutiendo en la calidad ambiental de Cantabria, que verá reducida hasta en un 20% la vida útil del vertedero de Meruelo”.
La portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, Silvia Abascal, ha respondido que el convenio “responde al principio de solidaridad interterritorial” y, además, ha destacado que “tiene retorno económico para Cantabria”. En este sentido, ha asegurado que “se ha tomado teniendo en cuenta, siempre, lo mejor para Cantabria y para los ciudadanos”.
“Resulta inexplicable que Podemos, teórico defensor de la gestión pública, se oponga a que MARE obtenga ingresos extraordinarios que revertirán en la sociedad cántabra”, ha concluido la portavoz socialista.