El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nula la suspensión provisional del funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas investigado como presunto cabecilla de la trama de corrupción de la Consejería de Obras Públicas, que estalló en 2023 y en la que se destaparon presuntas adjudicaciones irregulares de contratos.
Dicha suspensión fue acordada en marzo del año pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, impidiendo así que este empleado público volviera a su puesto de trabajo en la Consejería, del que fue apartado por el propio Gobierno autonómico cuando se destaparon los hechos, en febrero de 2023, y por los que estuvo encarcelado algo más de seis meses.
El jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez, apeló al TSJC y la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado su recurso y le ha dado la razón, al entender que la medida “solo procedía por seis meses”. Lo concluye así la Sala en un sentencia dictada el pasado 2 de julio y difundida este miércoles por el Ejecutivo autonómico, que ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al considerar que existen “razones fundadas” para mantener la suspensión provisional del funcionario procesado y hasta que sea juzgado.
Al funcionario se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos. Además, en la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas de la comunidad que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.
Según la investigación, Díez era el funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, supuestamente, favorecieron a las citadas empresas que optaron a contratos de carreteras en la Comunidad. En su domicilio se descubrieron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. Y es que la investigación, que arrancó a principios de 2022, descubrió que el núcleo familiar había experimentado “un importante incremento de patrimonio no justificado” durante el período 2013 a 2022 estimado en “varios millones de euros”.
El alto funcionario, que llevaba más de dos décadas trabajando en la Consejería, “intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada”, según las pesquisas.
Esta trama, que estalló a las puertas de las elecciones autonómicas de 2023, se cobró la cabeza del entonces consejero de Obras Públicas del PRC, José Luis Gochicoa (PRC) y supuso la puntilla a la campaña electoral de un Miguel Ángel Revilla que llegaba en horas bajas y que terminó por perder el Gobierno tras la victoria en las urnas del PP de María José Sáenz de Buruaga.
“Ninguna medida que le imposibilite desempeñar su trabajo”
El TSJC, para declarar nula la suspensión provisional del funcionario, ha tenido en cuenta una última sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar. De hecho, en julio del año pasado decidió suspender la tramitación de este procedimiento tras conocer que el alto tribunal estudiaba ese asunto.
Así, la citada resolución del TS señala que “la existencia de un proceso penal no impide a la administración tomar medidas cautelares en el procedimiento disciplinario”, y añade que la duración máxima de la suspensión provisional de funciones es de seis meses cuando es acordada como medida cautelar de naturaleza administrativa, no procesal.
No obstante, añade el Supremo en su sentencia que cuando existe un proceso penal en curso, esa duración máxima no rige “cuando tropieza con alguna medida judicialmente acordada, como es señaladamente la prisión provisional”, en la que el funcionario estuvo más de seis meses tras destaparse las presuntas irregularidades en los contratos.
Pero en el caso que ahora analiza la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria, “la autoridad judicial en el ámbito penal no ha acordado ninguna medida contra el recurrente que determine la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo” después de que en septiembre de 2023 finalizara la prisión provisional del funcionario.
En este sentido, durante la tramitación de este procedimiento judicial contencioso-administrativo la Sala solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 que le informara de la existencia de alguna medida cautelar sobre el funcionario, a lo que el órgano instructor respondió que desde que se dictó el auto de libertad “no se han adoptado otras medidas que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo por el referido funcionario dentro del procedimiento penal”.
Por lo tanto, entiende la Sala que rige la duración máxima de seis meses de suspensión de funciones al ser una medida cautelar de naturaleza administrativa. Además, el tribunal se refiere a sentencias anteriores del Supremo que han sido invocadas por la administración en su respuesta al recurso y que se decantaban por no aplicar el límite de los seis meses.
Pues bien, siguiendo esa tesis inicial del alto tribunal, la suspensión de funciones del funcionario más allá de seis meses “hubiera exigido que se motive debidamente y resulte proporcionada”, tanto su adopción como su mantenimiento. Frente a ello, “la única motivación que dio la administración fue la existencia del procedimiento penal por hechos que también podrían ser constitutivos de faltas disciplinarias habiéndose acordado la prisión provisional”.
A la espera del recurso
“Mientras no se resuelva este recurso, el funcionario no volverá”. Así se ha expresado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), en declaraciones a los medios en relación a la situación del funcionario investigado. “El Gobierno va a seguir siendo muy prudente y respetando los tiempos de la Justicia. La instrucción del caso sigue abierta y, por tanto, queda mucho recorrido por delante”, ha destacado. “En marzo del (año) 24 el Juzgado nos dio la razón y seguimos creyendo que existen razones para mantener esta medida”, ha considerado Media tras señalar que fue el anterior Gobierno (PRC-PSOE) el que en mayo de 2023 apartó al funcionario de sus responsabilidades y que el Ejecutivo del PP ha “estado de acuerdo con esa decisión”.