La Justicia ha asestado un importante revés al Gobierno de Cantabria tras suspender cautelarmente la resolución de la Consejería de Educación que el pasado viernes modificó el calendario escolar para suspender las vacaciones escolares y declarar lectiva esta semana como medida para frenar la expansión de la COVID. De este modo, el tribunal estima la medida cautelar solicitada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en el recurso contencioso-administrativo que ha presentado contra la citada resolución.
Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha adoptado esta decisión por unanimidad una vez que ha conocido las alegaciones de la administración educativa y del ministerio fiscal, partes a las que se emplazó este lunes para que informaran sobre la medida cautelar.
En un auto dictado a primera hora de la tarde, del que informa el TSJC en nota de prensa, el tribunal señala que “la administración debe explicar por qué, de qué modo y, con cuánta intensidad incide el respeto al periodo no lectivo sobredicho en la expansión de la enfermedad; por qué, cómo y en qué medida la eliminación de ese periodo no lectivo puede frenar esa expansión”.
Entiende, en este sentido, la Sala que “no se ha aportado por quien debe -la Administración autora de la medida impugnada- justificación suficiente” para modificar el calendario, al tiempo que “queda sin acreditar el interés general de salud pública cuya realización inmediata podría sustentar la denegación de la medida cautelar solicitada”.
La medida, que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla (PRC) aprobó apenas 48 horas antes del periodo vacacional, provocó el estallido de una polémica en el seno de la comunidad educativa, generando “malestar y descontento” entre alumnos, padres y madres, pero sobre todo docentes. Y es que inmediatamente los sindicatos docentes se pusieron en pie de guerra contra la Consejería que dirige la también regionalista Marina Lombó, y anunciaron movilizaciones y convocatorias de huelga.
La primera concentración tuvo lugar el viernes por la tarde y congregó a un millar de docentes frente a la Consejería, respetando las distancias por la pandemia, para exigir la dimisión de la titular de Educación. 'Marina, respeta la escuela pública', se pudo leer en la pancarta de la cabecera. Además, la Junta de Personal Docente, integrada por las principales organizaciones sindicales, convocó dos días de huelga -11 y 18 de noviembre- porque la medida, según señalaron, se tomó “de manera unilateral, extemporánea y autoritaria”.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) se desmarcó de esta convocatoria e impulsó la suya propia en solitario para esta misma semana con el argumento de que, al tratarse de un caso de excepcionalidad y urgencia -apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional-, no hace falta convocarla con los diez días de antelación que exige el sector público. CCOO decidió posteriormente aplazar la huelga para “garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores” y pidió en los juzgados medidas cautelares contra la modificación del calendario que ahora el TSJC ha aceptado.