El Ayuntamiento de Santander ha presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática las alegaciones para pedir que se deje sin efecto y se archive la resolución del expediente incoado para declarar lugar de memoria democrática al Palacio de La Magdalena.
La alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado este viernes la formulación de una batería de razonamientos con los que el Ayuntamiento denuncia falta de motivación en el expediente, la afección del edificio como Bien de Interés Cultural (BIC), y el error en la identificación del bien afectado.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 31 de octubre la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para iniciar el procedimiento para declarar el conjunto de La Península de La Magdalena como el primer Lugar de Memoria de Cantabria.
En un comunicado, Igual ha expuesto “el compromiso absoluto de Santander para luchar contra este atropello del Gobierno central a la ciudad y a los santanderinos”, y ha considerado que los argumentos expuestos en las alegaciones demuestran “la arbitrariedad y el carácter ofensivo” de la iniciativa.
“Declarar el Palacio de La Magdalena como lugar de memoria democrática solo se sostiene desde mentalidades como la de Pedro Sánchez: hay que generar división y enfrentamiento en la sociedad para que la gente se pelee y yo siga en el cargo”, ha resumido la alcaldesa. Del mismo modo, ha vinculado esta decisión con “el esperpento y la zozobra que, desde hace tiempo, tienen contra las cuerdas al partido que gobierna a España”.
“Tener un presente, ya no gris sino negro, y un futuro inexistente, hace que el Gobierno de Pedro Sánchez viva del resentimiento del pasado”, ha apostillado Igual.
Alegaciones
Las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento subrayan que “no existe motivo alguno” para declarar el Palacio de La Magdalena lugar de memoria, ya que, de entrada, en este edificio no se produjeron los hechos históricos que motivan la incoación del expediente.
En este sentido, se pone de manifiesto que el espacio que albergó un campo de prisioneros estuvo situado en Las Caballerizas, que es un lugar “distinto y distante” del palacio.
Por ello, desde los servicios jurídicos municipales, se deja constancia de que el expediente vulnera la Ley de Memoria, que exige que la delimitación se corresponda con los hechos concretos documentados. “No cabe trasladar los hechos a lugares diferentes”, apuntan las alegaciones.
También se expone el valor del Palacio como sede de eventos sociales, corporativos y espacio universitario y cultural, así como el potencial del recinto como motor para el desarrollo económico y social de la región.
“La declaración podría suponer la vinculación del Palacio de La Magdalena a valores erróneos como la persecución ideológica o la represión, siendo precisamente los contrarios a los que se asocia la imagen actual, vinculada a sus fines turísticos, sociales, culturales o educativos, poniendo en riesgo un activo clave para Santander y Cantabria”, subraya el Ayuntamiento en sus alegaciones.
A este respecto, la alcaldesa ha lamentado que el Gobierno central pretenda “dedicar recursos de todos los españoles a manchar y ensombrecer una historia de 117 años de un lugar emblemático para los santanderinos por un episodio puntual que duró 2 años”.
Las alegaciones inciden también en la protección del Palacio de La Magdalena como Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que ostenta desde 1998 y que garantiza que sea preservado como parte esencial del patrimonio histórico, limitando las acciones que se puedan realizar sobre él y sometiéndolas al control riguroso de las autoridades de patrimonio.
“Este reconocimiento comporta la máxima protección en materia de patrimonio histórico, de forma que cualquier nueva declaración, como la pretendida, se considera que no puede alterar el régimen jurídico derivado de su condición de BIC”, señala el Ayuntamiento en sus argumentaciones jurídicas.