Los viajes del Imserso cántabro' arrancan con polémica: Las agencias de viajes exige suspender el “controvertido” convenio del Gobierno de Cantabria
La Asociación de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo de Cantabria (AAVOT) ha pedido revisar el modelo del programa 'Rutas culturales senior' y ha trasladado su preocupación por diversos aspectos del convenio suscrito entre el Gobierno de Cantabria y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) para el desarrollo del mismo, recientemente publicado en el Boletín Oficial de Cantabria.
En un comunicado, AAVOT afirma que “comparte plenamente” los objetivos sociales del programa, especialmente el fomento del envejecimiento activo, la lucha contra la soledad no deseada y la promoción de actividades sociales y culturales dirigidas a las personas mayores.
De este modo, la discrepancia no reside en la finalidad social del proyecto, sino “en los aspectos básicos de su arquitectura”, así como en “la ausencia de una verdadera participación del tejido turístico cántabro durante su elaboración”.
Según ha denunciado este miércoles la asociación en un comunicado, ·el Gobierno cántabro utiliza, de manera espuria, el instrumento del convenio para realizar una intervención en un segmento del sector turístico al margen del cauce legal“.
Así, señala, “mediante un mecanismo de explotación de la imagen y el aval institucional, el Gobierno cántabro decide, de manera indirecta, las rutas turísticas que se ofrecerán y las condiciones comerciales y operativas que regirán”.
Para ello, se sirve de una contrapartida en el convenio que a su juicio es “meramente cosmética”, puesto que sólo compromete la promoción de la adhesión a la intervención del Gobierno cántabro, y genera “la falsa sensación de una participación sectorial que AAVOT niega”.
La asociación considera que, si el Gobierno cántabro quiere intervenir en ese segmento del sector turístico, tiene a su disposición la potestad de ofertar directamente bienes y servicios en el mercado, mediante una empresa de capital público, o bien de adquirirlos en el mercado a través de una licitación “que respete las garantías de igualdad, no discriminación, transparencia y concurrencia competitiva”.
En este sentido, entiende que el Gobierno cántabro “no debe tratar de realizar una intervención económica indirecta, a partir de la utilización selectiva de la imagen institucional y del empleo de una contraparte innecesaria que se ha prestado a dar una pátina de participación y acuerdo sectorial que, realmente, no concurre”.
La asociación lamenta especialmente que el Ejecutivo “no haya querido escuchar”, durante la tramitación del convenio, la opinión de asociaciones territoriales de agencias de viajes de Cantabria ni de otros interesados, pese al impacto que el programa puede tener y lo “controvertido” del empleo de la figura del convenio.
Asimismo, considera “relevante la afección al comportamiento del mercado” que la medida del Gobierno cántabro implica. En particular, destaca que cualquier operador que no se sujete a los criterios impuestos por el Gobierno cántabro podrá operar bajo la imagen oficial del programa, utilizar la marca institucional y formar parte de los mecanismos de seguimiento previstos, “que son ventajas competitivas clave en el segmento del sector del turismo al que afectan”.
Además, afirma que, por su diseño, no se trata de una intervención “neutra”, sino que favorece estructuralmente a operadores de mayor dimensión, con capacidad tecnológica, comercial y administrativa más elevada, y dificulta la participación de pequeñas agencias minoristas locales.
La asociación destaca, en este sentido, la intensidad de la intervención gubernamental, que en el Anexo I del convenio establece elementos de homogeneización comercial “llamativos”, como horquillas económicas, requisitos mínimos de producto y porcentajes obligatorios de comercialización en determinados tramos de precio.
En otro orden, la asociación también muestra su preocupación sobre la falta de concreción de algunos mecanismos de control previstos en la intervención gubernamental. En concreto, en relación con la “acreditación efectiva de residencia” de los beneficiarios o los “sistemas de supervisión práctica” del programa, “que son de extrema debilidad”.
La asociación insiste en que el debate no debe plantearse entre “estar a favor o en contra” de un programa social para mayores, sino sobre cómo articularlo jurídicamente de manera compatible con el principio de ausencia de condicionamiento económico del funcionamiento de un mercado por las administraciones, neutralidad económica y buena gobernanza.
Por ello, AAVOT solicita la suspensión de la eficacia del convenio para replantear, en un proceso de diálogo real con el conjunto del sector turístico regional, la totalidad de la medida, de manera que se logren los objetivos que declara con pleno respeto a la legalidad y sin generar disfunciones en el mercado.
La asociación reitera finalmente su disposición total a colaborar con las instituciones públicas para que definan medidas que no introduzcan distorsiones antijurídicas y que beneficien a las personas mayores.