Luces y sombras sobre la inversión social del Gobierno de Castilla-La Mancha refleja el último estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Este informe, centrado en el gasto público dedicado a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en cuantías absolutas y durante los últimos 11 años, ofrece resultados dispares en el caso castellanomanchego. Esto se debe a que en ese periodo se produjeron los mayores recortes sociales de la región durante el mandato de María Dolores de Cospedal (2011-2015), y aunque luego se han ido incrementando las cuantías, hechos como la pandemia de COVID-19 han ralentizado esa recuperación, aunque no en todos los casos.
Un mantra repetido en el Gobierno de Emiliano García-Page es que esta comunidad autónoma ha sido de las que más dinero han puesto sobre la mesa para paliar la crisis socio-sanitaria que comenzó en marzo de 2020. Esto es así, pero la comparativa con la crisis de 2009 constata, según esta Asociación, que no ha recuperado las cuantías que se dedicaban a los servicios públicos hace 11 años.
Con carácter general, según el informe, en estos 11 años se ha conseguido recuperar, en todo el país, el gasto en políticas sociales que se produjo por la crisis económico-financiera de 2009. Pero apunta que en tres comunidades autónomas (Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León) tienen todavía una inversión menor en esta materia de la que tenían hace 11 años.
En total, 14 autonomías han recuperado ese gasto social previo a la crisis de 2009, aunque las que mantienen “un mayor recorte” en la comparativa con 2020 y en términos porcentuales, apunta el colectivo, son Catalunya (un 8,85%) y Castilla-La Mancha (un 8,65%).
De igual forma, todas las comunidades autónomas salvo Navarra (con un aumento del 5,91%) y Asturias (con una subida del 3,56%) han reducido el porcentaje de presupuesto que destinan a Políticas Sociales. Sin embargo, sólo tres (Canarias, Castilla-La Mancha y Catalunya) han disminuido la inversión por habitante. En el caso castellanomanchego, el retroceso es de 217,87 euros por habitante y año, que solo supera Catalunya.
Los autores y autoras del informe explican que el año 2020, con la pandemia, ha puesto a prueba los servicios públicos y especialmente aquellos analizados. Las necesidades a afrontar por los sistemas de educación, sanidad y servicios sociales han sido así “un verdadero reto”. En este caso, al computarse las tres áreas de servicios públicos, el dato de Castilla-La Mancha es positivo. “Sorprende el exiguo aumento presupuestario de muchas comunidades autónomas”, aducen, destacando el caso castellanomanchego como la región que más lo ha aumentado en 2020, pero respecto a 2019: un 8,03%, la segunda autonomía que más lo ha hecho.
En materia específica de Sanidad, la Asociación de Directoras de Servicios Sociales destaca que tras 11 años y una pandemia únicamente ha aumentado el presupuesto público de todas las autonomías en un 1,3%. Tres comunidades (Catalunya, Castilla-La Mancha y Aragón) han disminuido el gasto en Sanidad en esta etapa. Aquí también se constata el efecto de los recortes de la etapa de Cospedal.
Sobre el gasto en Servicios Sociales, el informe apunta que todas las autonomías excepto Castilla-La Mancha han recuperado en 2020 el nivel de gasto en servicios sociales que existía antes de los recortes provocados por la crisis de 2009. Concretamente a esta región aún le falta por recuperar uno de cada cinco euros de su inversión en servicios sociales en relación a lo invertido hace 11 años.
Por último, sucede lo mismo si la lupa se pone en el gasto en educación: Castilla-La está entre las regiones cuyo gasto educativo en 2020 fue inferior en más de un 9% al que realizó en el año 2009. Pero al igual que en otras partidas, esta comunidad autónoma aumentó su partida por encima de la media con respeto a 2019.