La fiscalidad también compite

Existe la idea arraigada en parte del debate público español de que la política fiscal debe entenderse exclusivamente como un mecanismo de redistribución. Sin embargo, la literatura contemporánea de economía política lleva años advirtiendo de que la fiscalidad cumple también una función competitiva y territorial. Los impuestos no solo redistribuyen renta; también condicionan comportamientos, orientan decisiones económicas y moldean la capacidad de un territorio para atraer o expulsar actividad productiva.

En las democracias descentralizadas, como España, este fenómeno resulta especialmente visible. Las comunidades autónomas no compiten únicamente mediante infraestructuras, servicios públicos o capital humano. Compiten también mediante seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y diseño fiscal.

La cuestión, por tanto, no es si debe existir fiscalidad. La cuestión relevante es qué estructura fiscal permite generar simultáneamente prosperidad, cohesión social y sostenibilidad financiera del Estado del bienestar.

La evidencia académica sobre el impacto económico de la fiscalidad es amplia y relativamente consistente. Christina Romer y David Romer, en un trabajo publicado en American Economic Review en 2010, concluyeron que las subidas de impuestos tienen efectos contractivos significativos sobre la actividad económica y el crecimiento. En términos similares, los economistas Karel Mertens y Morten Ravn demostraron posteriormente que los cambios fiscales influyen de forma relevante sobre el consumo agregado y la inversión privada.

Y existe un amplio consenso en torno a una idea básica: cuando la presión fiscal desincentiva inversión, ahorro, emprendimiento o consumo, el crecimiento potencial de un territorio tiende a reducirse.

La OCDE viene insistiendo desde hace años en la importancia de que los sistemas tributarios favorezcan productividad, inversión y competitividad económica. En su informe Tax Policy Reforms 2025, el organismo subraya que el diseño fiscal constituye un elemento central en la capacidad de las economías avanzadas para atraer actividad económica y sostener el crecimiento a largo plazo.

España ofrece además un interesante laboratorio comparado. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa nuevamente a Madrid entre las comunidades con un sistema tributario más competitivo.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan con claridad algunas de estas diferencias. Según la Contabilidad Regional de España publicada por el INE en diciembre de 2025, Madrid alcanzó un PIB per cápita de 44.755 euros, mientras Castilla-La Mancha se situó en torno a 26.291 euros por habitante. Evidentemente, la explicación de esta divergencia es multicausal y sería intelectualmente deshonesto reducirla únicamente a la política fiscal, pero negar el impacto del marco tributario sobre la competitividad territorial resultaría igualmente simplista.

La fiscalidad tiene además una dimensión institucional frecuentemente olvidada: la legitimidad. Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos. Por el contrario, cuando los impuestos se perciben como excesivos o incapaces de traducirse en mejoras reales, aumenta la desafección fiscal y disminuye la confianza institucional.

"Los ciudadanos aceptan mejor los sistemas tributarios cuando perciben proporcionalidad, eficiencia y retorno tangible en forma de servicios públicos"

Por ello, la cuestión relevante no es únicamente cuánto recauda una administración regional, sino cómo el diseño de su estructura tributaria condiciona la generación de actividad económica, la atracción de capital, la creación de empleo.

Andalucía constituye uno de los ejemplos más citados en este debate. Tras la puesta en marcha de una estrategia orientada a mejorar su competitividad fiscal, la comunidad registró cifras récord de inversión extranjera, alcanzando los 1.364 millones de euros. Del mismo modo, Extremadura protagonizó en 2024 la mayor mejora de España en el Índice de Competitividad Fiscal, pasando de la decimoquinta a la séptima posición.

Pero más allá del debate político, resulta difícil negar que la política fiscal se ha convertido en una herramienta de posicionamiento económico entre comunidades autónomas.

En este contexto, Castilla-La Mancha merece una reflexión específica. Según los últimos informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34% de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Al mismo tiempo, los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de la región en 26.062 euros, frente a los 29.540 euros de la media nacional.

La evaluación de políticas públicas exige analizar no solo los recursos invertidos o las intenciones declaradas, sino también los resultados obtenidos. Desde una perspectiva de análisis de políticas públicas, es obligado plantear una pregunta legítima: ¿están produciendo los resultados esperados las herramientas económicas e institucionales que se vienen aplicando durante la última década? Porque cuando una comunidad autónoma mantiene de forma persistente niveles de renta inferiores a la media nacional, salarios más bajos y mayores tasas de vulnerabilidad social, resulta razonable abrir un debate sereno sobre la necesidad de explorar estrategias alternativas.

Utilizando mecanismos de ciencia política comparada debemos analizar el porqué de que una comunidad autónoma experimente mejoras en competitividad, inversión, actividad empresarial o renta disponible tras la adopción de determinadas reformas económicas y fiscales. No para importar mecánicamente modelos ajenos, sino para comprender qué incentivos generan, qué efectos producen y cuáles de sus elementos podrían adaptarse a las características propias de cada territorio. En definitiva, la innovación institucional comienza cuando una sociedad es capaz de preguntarse si existen formas más eficaces de alcanzar los objetivos que comparte.

La cuestión verdaderamente relevante es qué modelo fiscal genera más prosperidad, más inversión, más empleo y una mayor capacidad financiera sostenible para sostener servicios públicos de calidad. Porque los territorios que penalizan sistemáticamente el crecimiento económico terminan debilitando, tarde o temprano, la propia base productiva que financia su Estado del Bienestar.

Castilla-La Mancha dispone de fortalezas extraordinarias. Su posición geográfica como eje de crecimiento económico para el sur de Europa, la capacidad de su sector agroalimentario, su posible tejido industrial y turístico emergente o su proximidad al principal mercado económico del país constituyen activos de enorme valor. Precisamente por ello resulta pertinente preguntarse si el actual marco de gestión pública está permitiendo aprovechar plenamente ese potencial.