A vueltas con el Estatuto de Autonomía

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es un asunto recurrente. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer en los medios como si se tratase de un tema con relevancia social, para desaparecer después sin que exista un debate sostenido. Tras la reciente toma en consideración en el Congreso de los Diputados, a mediados de noviembre, parece pertinente realizar una reflexión sociológica sobre el Estatuto y el lugar que ocupa en la vida pública de la región.

Este artículo parte de una revisión de distintas opiniones publicadas en este mismo diario sobre la reforma estatutaria. En este no se pretende ofrecer una representación exhaustiva, sino situar los argumentos con mayor fuerza que han aparecido e identificar las implicaciones que tienen para el futuro del autogobierno y del bienestar social en Castilla-La Mancha.

Una comunidad nacida de la transición

Para entender el debate actual es necesario recordar el proceso de creación de nuestra comunidad autónoma. Castilla-La Mancha no existía como tal antes de la Constitución de 1978. Su configuración fue impulsada por los partidos con representación parlamentaria -fundamentalmente UCD y PSOE- que obtuvieron legitimidad tras las elecciones generales y municipales tras el referéndum constitucional. La opción elegida por estos partidos políticos fue el procedimiento indirecto: en lugar de consultar directamente a la ciudadanía se dejó la decisión en manos de los ayuntamientos, que debían aprobar la iniciativa por una mayoría cualificada.

La creación de la Comunidad Autónoma se justificó también por la necesidad de acercar la administración al territorio y responder mejor a las necesidades sociales. Desde ese momento se construyó un discurso político que identificaba autogobierno con gobierno desde la proximidad, frente a un centralismo que habría ignorado durante décadas las realidades locales. Los primeros discursos de José Bono son representativos de esta narrativa.

Por tanto, la identidad regional no surgió de una tradición cultural previa, sino de un proceso político y administrativo que otorgaba a la autonomía un doble significado: instrumento de gobierno para desarrollar políticas propias, y símbolo de que los servicios públicos procedían de una administración cercana.

Dos miradas sobre la reforma

Los artículos revisados reflejan dos formas principales de entender la reforma del Estatuto.

Por un lado, quienes sostienen que es una oportunidad para mejorar la calidad democrática y la legitimidad de las instituciones. Desde esta perspectiva, autores como Fernando Casas, Antonio González y el Colectivo Puente Madera, entre otros, consideran que el sistema actual presenta déficits de representación que generan distancia entre gobierno y sociedad. Este alejamiento, señalan, se expresa en la proliferación de plataformas ciudadanas que se oponen a decisiones políticas o proyectos de desarrollo territorial, actuando como contrapoder social ante la falta de canales políticos efectivos.

Por otro lado, algunos artículos plantean la reforma como una actualización técnica sin mayor cuestionamiento del modelo institucional. Ascensión Palomares o Pablo Bellido, por ejemplo, reconocen la necesidad de ampliar el número de escaños, pero conciben dicho cambio como fruto del acuerdo entre los dos grandes partidos, sin dar papel a la sociedad civil ni al conjunto del pluralismo político existente.

¿Reformar para garantizar derechos o para reforzar lo existente?

La misma división se aprecia en los argumentos relacionados con la orientación del autogobierno. Para quienes abogan por una reforma sustantiva, el Estatuto debe garantizar y ampliar el Estado de bienestar, incorporando nuevos derechos, reforzando la sostenibilidad ambiental y reconociendo el valor estratégico del agua y otros bienes comunes. Sería, tomando el sentido del artículo de Antonio González, una reforma orientada a un autogobierno progresivo. El Colectivo Puente Madera plantea algo similar cuando habla de un Estatuto transformador que avance en transparencia, participación, derechos sociales y derechos ambientales.

En cambio, para otros articulistas la reforma vendría a consolidar el existente, ampliándolo administrativamente sin introducir exigencias nuevas desde la sociedad. En esta visión, la modernización del Estatuto se concibe como actualización técnica y simbólica del autogobierno, no como un proceso abierto de democratización social.

La clave del debate: ¿de dónde nace la legitimidad?

El fondo del asunto es que no puede haber reforma democrática sólida si el texto no nace de un debate social real. Cuando una norma constitutiva emerge de un acuerdo institucional cerrado, su legitimidad tiende a agotarse con el tiempo. El precedente histórico de la Restauración es ilustrativo: la distancia entre “la España oficial” y “la España real” terminó convirtiéndose en un abismo.

Cuando el Estatuto se idealiza como declaración de intenciones, un “deber ser”, acaba regulando la democracia de forma mítica: crecimiento económico entendido como desarrollismo, política social vista como gestión burocrática, identidad cultural reducida a folklorismo y política concebida como un mecanismo técnico.

Sin embargo, cuando el debate se plantea desde la realidad social e institucional, desde el “cómo estamos”, la democracia se vuelve colaborativa y orientada al bien común: desarrollo económico cohesivo, políticas sociales solidarias, modernidad cultural sin complejos y gobernanza participativa.

¿Qué credibilidad tiene la reforma?

Las reformas pueden servir para que todo siga igual o para transformar las condiciones de vida de las personas. Pero para ello deben ser posibles y creíbles. Y la credibilidad social y política se construye con participación y experiencia social. Si las negociaciones son bilaterales, si la ciudadanía no es escuchada, si los actores que impulsan la reforma llevan años defendiendo políticas de austeridad, reducción de representación política y negación del pluralismo social, ¿dónde queda la confianza?

Esa es la cuestión de fondo: ¿puede la reforma del Estatuto resultar creíble para la sociedad castellano-manchega si no se sustenta en un proceso participativo y orientado al bien común?

Dependiendo de cómo se afronte las respuestas a estas cuestiones la orientación de la reforma poseerá un significado u otro. Posiblemente cuanto mayor sea la distancia entre una y otra significación mayor será la indiferencia social al Estatuto. Una muestra de todo esto la podemos observar en la abstención en las elecciones autonómicas, cuanto mayor es ésta, mayor desapego al ente autonómico.

En conclusión del reconocimiento y aceptación de la pluralidad política y de la voluntad de transformación dependerá que el Estatuto sea un marco vivo y compartido, o una norma más cuya legitimidad se diluye con el tiempo.