Las auditorías de las entidades de la economía social confirman el compromiso con la sostenibilidad
Todos los años la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) realiza un proceso colectivo de evaluación y sensibilización, la denominada Auditoría Social, en el marco de los seis principios que definen la Carta de la Economía Solidaria y que constituyen la identidad de las entidades que forman parte de REAS: equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno.
Esta autoevaluación tiene un doble objetivo: mejorar las organizaciones y sensibilizar a otras entidades y empresas de la economía social. La campaña del año 2025 contó con un total de 731 empresas y entidades auditadas de distintos sectores de actividad.
Uno de los seis principios básicos de Economía Solidaria es el compromiso con la sostenibilidad ecológica, con la salud del planeta y con la sostenibilidad de la vida. Desde REAS se entiende el decrecimiento material como una obligación, teniendo en cuenta el largo proceso histórico de sobreexplotación del planeta. Por ello se persigue desarrollar modelos de producción, distribución y consumo responsables, conscientes y transformadores, asegurando la sostenibilidad ecológica en toda la cadena económica, priorizando los circuitos de cercanía y limitando el impacto ambiental de las actividades económicas mediante la reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales y recursos que se producen o emplean.
Además, hay un compromiso con la justicia ambiental y social en las relaciones económicas y la promoción de la soberanía alimentaria como estrategia de transformación. Por último, se impulsan iniciativas que posibiliten una transición energética justa, con modelos cooperativos de producción, gestión y consumo de energías renovables.
La Auditoría Social permite evaluar la coherencia interna de las empresas y entidades que forman parte de REAS, medir el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y la existencia de sistemas, planes y medidas de gestión ambiental y midiendo las emisiones de CO2, el consumo de papel, las prácticas de reciclaje, movilidad, etc.
Así, los resultados de la Auditoría Social 2025 indican que la mayoría de las cooperativas y asociaciones que integran REAS destinan esfuerzos a mejorar sus prácticas de consumo. Más del 95% priorizan la adquisición de productos de proximidad y ecológicos.
En relación al gasto energético, un 72% cuenta con una política interna, de reducción del uso energético y un 76,47% han puesto en marcha acciones para evitar el consumo innecesario.
Algo menor es la puesta en marcha de procedimientos para el ahorro y eficiencia del consumo de agua. El 66% tienen prácticas en este sentido y un 44,48% han realizado inversiones para optimizar el consumo.
En relación al consumo de papel, el 82% de las entidades o bien no utiliza papel o lo hace reciclado y/o de explotación forestal sostenible.
En lo que se refiere al uso de energía renovable, un 54,33% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables y un 19,10% lo hace de manera parcial.
Un 74,28% de las entidades toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica. El 60,69% trabaja haciendo incidencia política y/o haciendo divulgación sobre la reducción del impacto ambiental hacia afuera de la organización. Un 54,77% indica que a nivel interno (personas trabajadoras y voluntarias) facilitan herramientas de sensibilización ambiental. Además un 35,84% dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental.
Las prácticas ligadas a la gestión de residuos están presentes en un elevado porcentaje, siendo un 96,85% las que implementan alguna de las prácticas de separación, reciclaje, reutilización de materiales. Un 92,20% de las entidades implementan prácticas de separación de residuos para poder ser reciclados, un 76,88% priorizan el uso de materiales y envoltorios de bajo impacto y evitar generar residuos innecesarios.
Por otro lado, un 77,15% reutilizan y/o reparan aparatos y equipamientos y un 58,82% colaboran con entidades que trabajan por la economía circular para reaprovechar material o productos de los que no se hace uso.
Por último, las entidades que incorporan, ofrecen o facilitan alguna alternativa o ayuda en lo relacionado con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicicletas… es del 60,16% y el 45,83% de las entidades facilitan un transporte ambientalmente sostenible a las trabajadoras que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.