El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado una resolución de la Consejería de Bienestar Social por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Infancia y Familia para el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Estas acciones se unen también a la decisión del Gobierno castellanomanchego de dar continuidad a las medidas para personas con discapacidad.

Según publica el DOCM, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

La suspensión de la tramitación de las convocatorias de subvenciones de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social conlleva “graves perjuicios a las entidades y personas beneficiarias y afecta seriamente al mantenimiento de la red pública de hogares, centros y servicios destinados a la atención de la infancia y las familias”.

Más acciones

A través de estas entidades colaboradoras se presta el apoyo indispensable y necesario a los niños tutelados por la Administración, en los hogares y centros de protección y se complementan los apoyos a los programas de acogimiento familiar y residencial, así como a la ejecución de medidas judiciales impuestas a personas menores. También se presta la atención e intervención directa y el seguimiento a familias que se encuentran en situaciones complejas de violencia, abuso, conflicto y otras circunstancias graves que en el actual escenario se seguirán produciendo en el seno de las familias de Castilla-La Mancha.

Dado que todos estos servicios esenciales se convierten en “especialmente necesarios” para dar una respuesta adecuada a la situación actual de emergencia sanitaria y social, “procede la continuación de los procedimientos administrativos”.

En concreto, los procedimientos a los que se da continuidad son los relativos a las familias acogedoras de la región; las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social; las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias; y las ayudas para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal.