La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de externalizar el servicio al medioambiente que habitualmente realiza la UNIDA (Unidades de Intervenciones de Difícil Acceso), al contratar a empresas privadas. Éstas, tratarán “próximamente” a una pareja de águilas perdiceras afectadas por tricomoniasis y también la rehabilitación de un nido de águila imperial, dañado por las tormentas,
Son acciones, afirman desde el colectivo, que lleva a cabo la Unidad y tras estas dos intervenciones, “nos tememos que el Gobierno continúe pagando por un servicio que llevan a cabo sus funcionarios”. La Administración, recuerdan, invirtió recursos, tiempo y efectivos en formar a agentes medioambientales para apoyar a esta Unidad, que es la encargada de obtener indicios para otras Unidades, como la de venenos, o de colaborar en la búsqueda y rescate de desaparecidos y heridos en el medio natural.
“Más agentes formados que en ningún momento”
El colectivo reclama que actualmente hay “más agentes formados que en ningún otro momento” y que también se cuenta con material de trabajo recientemente adquirido. En contraposición, las unidades se encuentran “bloqueadas e inactivas” desde los despachos de los agentes. La asociación profesional asegura que ha intentado corregir dichos “bloqueos” pero que no han recibido respuesta. “La Consejería dirigida por Francisco Martínez Arroyo alega para el bloqueo un riesgo en el trabajo que desarrollan los agentes que no está dispuesta a asumir”, explican.
Pero, responden, en otras Comunidades Autónomas esto se resuelve de forma “satisfactoria” con los funcionarios. “Nos resulta curioso que aleguen un excesivo riesgo cuando consienten reiteradamente otros muchos riesgos que sufrimos a diario los agentes medioambientales como pueden ser la conducción de vehículos patrulla con varios cientos de miles de kilómetros, servicios en solitario, nulo control y seguridad de los efectivos repartidos por lugares remotos que carecen de cobertura de comunicaciones, actividades de apoyo técnico en lugares de difícil tránsito a pie, en el interior de ríos”, reclaman.
Finalmente, recuerdan que debido a su localización, Castilla-La Mancha es una zona elegida para la reproducción y zona de paso de las especies protegidas, por lo que tienen la “obligación y responsabilidad” de “ofrecer el más eficiente y eficaz servicio de protección de esos valores naturales”. Por eso, señalan, las Unidades deben ser un garante “constante” de la custodia y la conservación del medio natural “a coste cero con la capacidad de intervenir con urgencia sin esperar a confirmar presupuesto ni programación según agendas de una respuesta ante la necesidad.”