El coste invisible de la inercia en diálisis: tras los números hay vidas
El trasplante renal no es un logro más dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública; es, por definición, la mejor alternativa terapéutica para un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. No solo devuelve una calidad de vida que la máquina de diálisis arrebata de forma sistemática tres días a la semana, sino que ofrece una expectativa de vida notablemente superior. Por eso, analizar la situación actual del acceso al trasplante en Castilla-La Mancha no es solo un ejercicio de fiscalización estadística; es una llamada de atención deontológica sobre cómo estamos gestionando las expectativas de supervivencia de nuestros pacientes.
No es fácil analizar los datos del reciente informe que me facilitó ADERHE, pero revelan una realidad, como poco, incómoda. El Pliego de Prescripciones Técnicas del SESCAM (disponible para los centros de diálisis concertados) establece con meridiana claridad que, como mínimo, el 10% de los pacientes en diálisis deben estar incluidos en la lista de espera de trasplante. Es un suelo, un estándar de calidad asistencial mínimo. Sin embargo, la realidad nos muestra que, en 2023 en los datos que figuran en el informe remitido a ADERHE correspondientes al centro concertado que atiende a la mayoría de los pacientes en hemodiálisis de la provincia de Albacete, esa tasa se situó en un 8,6%, en 2024 cayó dramáticamente al 4,74%, y en 2025 apenas alcanzó el 7,2%. Ciudades de referencia como Albacete (7,75%) y Toledo (6,15%) se encuentran atrapadas en esta misma dinámica de mínimos insuficientes.
¿Qué lectura debe hacerse de esto? Cuando un centro de diálisis mantiene de forma sistemática a sus pacientes alejados de la lista de espera, se produce un “efecto embudo” de consecuencias fatales. Si no se busca activamente al candidato, si se posterga la derivación, si la burocracia o la falta de proactividad cronifican al paciente en el sillón de diálisis, la consecuencia directa en los informes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es demoledora: Castilla-La Mancha se ha consolidado como el farolillo rojo nacional en tasa estimada de lista de espera estimada por millón de población (pmp, 79,9 en 2024 frente a una media nacional de 172,7) y como una de las comunidades que menos trasplanta (45,8 pmp en 2025).
La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos
Mantener a un paciente en diálisis cuando es apto para un trasplante, es clínicamente indefendible. La diálisis sustituye la función renal, pero no frena el deterioro cardiovascular crónico ni las complicaciones asociadas a largo plazo. Cada mes “extra” que un paciente pasa conectado a un monitor por una mala identificación o por el retraso en su inclusión en la lista de espera, es un mes de desgaste orgánico acumulado que restará éxito al futuro trasplante. La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos. El paciente confía ciegamente en el criterio del especialista que le atiende día a día; pero si no se inicia el engranaje, el paciente se vuelve invisible para el sistema de trasplantes.
La gestión sanitaria de los conciertos públicos debe entender que los indicadores de calidad asistencial (como ese esquivo 10%) no son meros requisitos administrativos para justificar un pago o evitar una penalización económica. Son barreras de seguridad clínica. Cuando las tasas de inclusión caen a la mitad del mínimo exigido, el sistema está fallando en su labor más elemental: dar a cada paciente la oportunidad de curarse.
Y por si aún no es suficiente argumento para revisar el modelo, basta con leer las publicaciones sobre la “Estrategia en Enfermedad Renal Crónica del Sistema Nacional de Salud” y los artículos de revisión en la revista Nefrología que analizan el impacto de la sostenibilidad del sistema, porque en la inmensa mayoría de ellos se concluye de forma sistemática, que para fomentar el trasplante anticipado y las técnicas domiciliarias (más baratas y con mejor calidad de vida), es imprescindible que el hospital público retenga la gestión y la educación del paciente, limitando la derivación prematura al concierto.
Pero ese es un debate más largo y farragoso en estos tiempos.
Si se quiere profundizar en este aspecto, entre las diferencias de trasplante renal entre hospital público o privado, es recomendable la lectura de un artículo especializado, titulado “Influencia de la concertación de la hemodiálisis sobre las modalidades de tratamiento sustitutivo renal” publicado por investigadores del área de gestión nefrológica y economía de la salud, en el que concluyen que, estadísticamente, en aquellas comunidades autónomas o áreas de salud con mayores tasas de concertación privada de la hemodiálisis, existe un freno indirecto al desarrollo de las técnicas domiciliarias (diálisis peritoneal) y un retraso en la inclusión de pacientes en la lista de espera de trasplante. Desconozco si en Albacete quien realiza la inclusión en la lista de trasplantes, si el servicio de Nefrología del Hospital o el del centro de diálisis concertado, pero los bajos porcentajes de inclusión hacen pensar en la segunda opción.
De lo que parece no haber duda es que resulta urgente una fiscalización rigurosa por parte de las comisiones de seguimiento del SESCAM. No podemos permitirnos el lujo de ser la comunidad a la cola de España en una disciplina donde nuestro país es líder mundial. Detrás de ese déficit del 40% respecto a la media nacional en lista de espera no hay solo un incumplimiento de contrato; hay cientos de ciudadanos castellanomanchegos encadenados a una máquina que, si se hicieran las cosas bien, podrían estar recuperando su vida.