La valentía de la ley

Recientemente nuestro país ha ratificado el Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, hecho en Faro el 25 de octubre de 2005. Interesante porque marca la obligación de participar en la defensa del patrimonio común por parte de individuos y Estado, del bien social del patrimonio cultural y de los límites que la acción humana debe respetar para su conservación y disfrute. 

El artículo 8 habla sobre el entorno, patrimonio y calidad de vida, y dice que “las partes se comprometen a utilizar todos los aspectos patrimoniales del entorno cultural [nos viene a la mente inmediatamente el POM y su 'interés' en urbanizar las vegas del Tajo en Toledo] con objeto de:

a) Enriquecer los procesos de desarrollo económico, político, social y cultural y de ordenación del territorio mediante el recurso, en caso necesario, a estudios de impacto sobre el patrimonio cultural y a estrategias para mitigar los daños.

b) Promover un planteamiento integrado de las políticas relativas a la diversidad cultural, biológica, geológica y paisajística a fin de lograr el equilibrio entre estos elementos.

c) Reforzar la cohesión social fomentando una conciencia de responsabilidad compartida hacia los lugares en los que viven las personas.

d) Promover el objetivo de calidad en las creaciones contemporáneas que se añaden al entorno sin poner en peligro sus valores culturales. 

En fin, todo el articulado pone, negro sobre blanco, las orientaciones para que instituciones locales, regionales y nacionales guíen adecuadamente sus políticas sobre el patrimonio cultural. Habla de sostenibilidad y del patrimonio cultural y la actividad económica, lo cual nos hace pensar en la defensa desaforada del mercado turístico, cuando el artículo 10-c dice de “garantizar que estas políticas respetan la integridad del patrimonio cultural sin poner en entredicho sus valores intrínsecos”. Vaciar de vida el recinto histórico para venderlo mejor al turismo es desnaturalizar el valor histórico de la ciudad, concebida para ser “vivida” por los ciudadanos, no para “consumirla” por el turismo.

Animamos a l@s lector@s -y a nuestros gestores culturales, tanto gubernamentales como no gubernamentales- a que lean el BOE del 17 de junio, ya que no tiene desperdicio su articulado. No vamos a reproducir aquí todo el convenio, baste decir que el artículo 11 determina la organización de las responsabilidades públicas en el ámbito del patrimonio cultural, y, el 12 el acceso al patrimonio cultural y participación democrática.

Esperemos que el Consejo de Europa vigile y, en su caso, sancione el incumplimiento del convenio que entrará en vigor en nuestro país a partir del 1 de agosto. No hay multas, no habrá tribunales, pero el hecho de que se firme con esas declaraciones de intenciones y se pueda denunciar públicamente su incumplimiento por parte de las instituciones europeas tendrá suficiente peso moral y político para que otros organismos internacionales o estatales puedan actuar en consecuencia.