Cine, residencias o coches: las “inversiones estratégicas” a las que el Gobierno de Page dará agilidad con rango de ley

Hay actividades empresariales a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere dar agilidad en sus trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos. Esta comunidad autónoma ya dispone de una normativa que declara como “prioritarios” los proyectos que fomenten el desarrollo socioeconómico de la región. Pero ahora, quiere darle rango de ley a otra nueva fórmula: considerar “estratégicas” algunas inversiones empresariales.

Este periódico ya adelantó parte del contenido de este anteproyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, la referida al biometano. Pero hay todo un compendio de actividades económicas que se detallan en el borrador y que también dan una idea de por dónde quiere transitar el Ejecutivo de Emiliano García-Page a la hora de dar facilidades a determinados proyectos empresariales.

Por ejemplo, en el sector primario y de aprovechamiento natural, la ley considerará “estratégicas” explotaciones agropecuarias, con especial atención a las impulsadas por jóvenes agricultores en zonas escasamente pobladas, y también a las actividades que aprovechen productos forestales (madera, resina, biomasa, corso u hongos) o servicios de captura de carbono, biodiversidad y conservación del suelo.

También incluye en el listado inversiones destinadas a la transformación primaria de recursos forestales como el aserrado de maderas, destilación de resinas y procesado de biomasa; o instalaciones de camping o campamentos ubicados en zonas con riesgo de despoblación o rurales con predominio agrícola.

Por otro lado, la industria manufacturera también atrae al Gobierno castellanomanchego. De hecho, en la futura ley se incluirán prácticamente todas las ramas: desde la alimentación, el textil, el papel y las artes gráficas, hasta la industria química (donde incluye los productos farmacéuticos) a la metalurgia y la automoción, con la reparación de maquinaria incluida.

En lo referido a la energía y el medio ambiente, además de la cuestión del biometano, actualmente pendiente de un decreto de regulación específico, la futura normativa contempla como estratégicas las inversiones relacionadas con el suministro eléctrico y la gestión de residuos. En este último caso, se refiere específicamente a la reutilización, reciclaje de textil, reciclaje químico, extracción de materias primas fundamentales y actividades innovadoras que eviten el envío de residuos al vertedero.

Uno de los apartados más amplios del borrador es el dedicado a la “construcción residencial”. La futura ley permitirá que proyectos relacionados con la vivienda sean declarados “estratégicos”, mencionando específicamente la construcción de edificios residenciales. Y más concretamente, de “carácter social”. ¿A qué se refiere? El borrador pone un énfasis significativo en la construcción de diversos modelos de alojamiento diseñados para colectivos específicos, considerándolos “sectores clave” para el desarrollo regional.

Por ejemplo, en el caso de residencias para personas mayores, se dará prioridad a aquellas ubicadas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, y también a las ampliaciones que ofrezcan servicios de cercanía (comida a domicilio, fisioterapia, podología) para “ayudar a las personas dependientes a permanecer en su entorno”.

De “unidades de convivencia” a personas con discapacidad

También incorpora otros modelos alternativos: se incluyen las “actividades residenciales con pequeñas unidades de convivencia”, que buscan ser una alternativa a los grandes centros para “facilitar la integración en entornos sociales habituales con atención profesionalizada”.

Esa catalogación de inversión estratégica de la futura ley también se dará a centros como los de atención residencial especializada o diurna para personas con discapacidad, y a los dedicados a servicios sociales con alojamiento

Finalmente, otros proyectos que podrán acogerse a la ley se agrupan en torno al área de la logística, la comunicación y la informática: producción cinematográfica, vídeo, televisión, radio, programación, consultoría de datos, turismo, hostelería, artesanía y actividades artísticas, deportivos y de entretenimiento.

Ahora bien, para que estas actividades reciban la declaración de “estratégicas” deben cumplir los requisitos generales de generación de empleo indefinido y volumen de inversión mínimo que establece el propio borrador, y que varían dependiendo de la población del municipio donde se instalen.

En cuanto a los requisitos de empleo, el anteproyecto establece que cualquier proyecto debe crear puestos de trabajo de carácter indefinido a jornada completa (o su equivalente en jornadas parciales) en un plazo máximo de tres años tras obtener las autorizaciones de puesta en marcha.

Los umbrales mínimos según la población son: en localidades de más de 30.000 habitantes, al menos 30 puestos de trabajo; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 20 puestos de trabajo; entre 10.001 y 20.000 habitantes, 15 puestos de trabajo; entre 5.001 y 10.000 habitantes, 10 puestos de trabajo; y en localidades con población igual o inferior a 5.000 habitantes, 5 puestos de trabajo.

Sobre la inversión, la ley exigirá que se realice en “activos fijos” en un plazo inferior a tres años desde la autorización de puesta en marcha, también con umbrales mínimos según la población. Al menos 10 millones de euros en municipios de más de 30.000 habitantes; 7,5 millones en el umbral entre los 20.001 y 30.000 habitantes; cinco millones de euros en localidades de entre 10.001 y 20.000 habitantes; tres millones de euros cuando el pueblo tenga 5.001 y 10.000 habitantes; y al menos un millón de euros en municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes.

No obstante, hay algunas excepciones. En las zonas despobladas, los umbrales de empleo e inversión mencionados se reducen a la mitad. Además, hay una “cláusula de excepcionalidad”: el Consejo de Gobierno puede declarar estratégica una inversión que no cumpla los mínimos de empleo o inversión si el proyecto tiene un “impacto relevante” por “su carácter innovador, su capacidad de generar cadenas de valor o su desarrollo tecnológico”.

Finalmente, para que se considere inversión estratégica, el borrador obliga a la promotora a mantener la actividad y los niveles de empleo e inversión durante un periodo mínimo de tres años, debe ser viable técnica y financieramente, y no debe tener prohibiciones para contratar con el sector público o recibir subvenciones.