El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este domingo la derogación de los decretos-ley del operativo anti incendios impuestos por Mañueco que tumbó toda la oposición la semana pasada porque no habían sido consensuados con los sindicatos u organizaciones profesionales del sector. Los dos decretos-ley modificaban algunos puntos de las leyes de Montes, de Patrimonio Natural, de Urbanismo, de Carretera y de Función Pública. Fueron aprobados por el Consejo de Gobierno el 23 de octubre (y publicados en el Bocyl un día después) y debían ser convalidados por las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes. Sin embargo, toda la oposición rechazó estos cambios y por eso se publica ahora la derogación de estos decretos-ley.
La propuesta del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pretendían “agilizar los procedimientos administrativos y eliminar burocracia”, pero también incluían rebajas medioambientales. Por ejemplo, con el decreto-ley en vigor, no iba a ser necesaria una autorización para el aprovechamiento de maderables y leñosos si el volumen era inferior a 100 toneladas (o 100 metros cúbicos), puesto que si transcurría un mes sin resolución desde la petición, se podría realizar sin más inconveniente.
En la pasada sesión plenaria, el consejero de la Presidencia, Luis González Gago, defendió que el decreto era fruto de varias reuniones con representantes sindicales —los sindicatos aseguraron que se les habían expuesto estas normas, pero que no se habían negociado— y alertó que la derogación de estas normas afectaría a la preparación del dispositivo anti incendios para el próximo verano. Los grupos de la oposición reprocharon a la Junta que presentara un texto “impuesto”, sin consenso sindical ni de la patronal forestal, y sin negociación previa pese a las protestas del sector ante la sede parlamentaria.
En el mismo boletín también se ha publicado la Ley de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados. Esta norma fue aprobada con el respaldo de toda la cámara salvo dos procuradores: el de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y Francisco Igea.