La Junta de Castilla y León ha incluido rebajas medioambientales en uno de los dos nuevos decretos-ley de lucha contra incendios. En palabras del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el objetivo es “agilizar los procedimientos administrativos y eliminar burocracia”. Este y el otro decreto-ley aprobado este jueves —que realiza cambios en la estructura del dispositivo para incrementar la participación pública— han sido rechazados por los sindicatos, porque consideran que las reuniones de esta semana han sido insuficientes. “Se nos ha convocado con urgencia tres veces en una semana. Se le puede llamar un proceso negociador formal, pero ha habido poca negociación real. La Junta ha tirado para adelante”, informan fuentes sindicales, que descartan que a esto se le pueda llamar una negociación real. Ambos decretos-ley, que ahora deberá convalidar el parlamento en el plazo de un mes, modifican algunos puntos de las leyes de Montes, de Patrimonio Natural, de Urbanismo, de Carretera y de Función Pública.
El decreto-ley de su área, publicado este pasado viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), señala que no será necesaria una autorización para el aprovechamiento de maderables y leñosos si el volumen es inferior a 100 toneladas (o 100 metros cúbicos), puesto que si transcurre un mes sin resolución desde la petición, se podrá realizar sin más inconveniente. También se eliminan los supuestos de autorización previa para la apertura de vías forestales que no supongan cambio de uso forestal.
CSIF considera que uno de los problemas del nuevo decreto es la ausencia de personal suficiente para atender en el entorno rural las demandas de los ciudadanos. “Hay oficinas comarcales que atienden dos horas a la semana. Lo que hay que hacer es buscar facilidades a los ciudadanos, no reducir la protección ambiental. El control debe ser accesible y la burocracia, más sencilla”, reprochan desde el sindicato. UGT y CSIF consideran que la Junta “pasa la pelota” a otras administraciones y entidades para evitar “la gestión que les corresponde”.
Tampoco hará falta una autorización previa para los aprovechamientos dispuestos por la Consejería de Medio Ambiente, ni la adecuación o ampliación de caminos forestales hasta los 4,5 metros de ancho. También se permite autorizar roturaciones con destino a cultivo agrícola en montes (sin que implique cambio de uso forestal) si se realizan como parte de la infraestructura preventiva y se cumplen ciertos supuestos (como evitar la propagación del fuego en zonas estratégicas de gestión).
El secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de UGT Castilla y León, Carlos Arenas, critica que la exposición de motivos ocupe 13 de las 35 páginas del decreto-ley de Medio Ambiente, que básicamente “establece obligaciones para los Ayuntamientos o los ciudadanos”. “Y luego ya dice que si ellos no lo hacen, lo podrá hacer la Junta. La mayor parte de la modificación va en ese sentido”, reprocha el de UGT.
Estos decretos-ley se han aprobado con rapidez para evitar una negociación dilatada que impidiera aprobar la norma antes de que Fernández Mañueco convoque las elecciones autonómicas, que como muy tarde se podrán celebrar el 15 de marzo. Arenas asegura que durante dos años ha llamado “consejero holograma” al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, porque no habían conseguido reunirse con él desde que tomó posesión del cargo. “Y el 20 de septiembre, sábado, nos llaman para reunirnos el lunes y nos plantea que el operativo lo va a dirigir Presidencia y no Medio Ambiente. En tres semanas hemos tenido 12 o 14 reuniones para plantearnos siempre lo mismo, pero no ha habido una auténtica negociación”, protesta.
Estas normas han salido adelante por la “creciente virulencia” de los incendios en los últimos años, especialmente este mes de agosto. En esta fecha aún no se ha publicado un balance de los incendios forestales en Castilla y León, donde se han quemado más de 150.000 hectáreas aproximadamente. De hecho, Suárez-Quiñones también ha llevado a noviembre la fecha para comparecer en las Cortes de Castilla y León de manera monográfica. En septiembre Suárez-Quiñones emplazaba al fin de la temporada alta de incendios, que concluye el 12 de octubre. Pasada esa fecha, Suárez-Quiñones dilata su comparecencia ante los grupos parlamentarios y lo justifica porque los datos aún no están consolidados, puesto que hasta estos días no se ha dado por extinguido oficialmente, por ejemplo, uno de los fuegos. Sin embargo, Suárez-Quiñones espera que en “poquitas semanas” se facilite la estadística de incendios“. ”Este ha sido un año especial y cuesta más elaborar esos datos“, ha afirmado.
Espacios Protegidos
Este decreto-ley de Medio Ambiente pretende también autorizar las solicitudes en las actuaciones de prevención o de adecuación de caminos rurales —sin asfaltado/hormigonado o extensión de trazado a más de 4,5 metros de ancho— si hay silencio administrativo. Las actuaciones de prevención se considerarán “favorables” para la conservación en la Red Natura 2000 y la siega, desbroce de matorral, poda o aclareo de arbolado menor de 15 centímetros de diámetro (de especies no amenazadas) se considerará “compatible” con la conservación si se realizan en zonas como linderos de fincas, carreteras, caminos o en el interior de los anillos de seguridad. En los Espacios Naturales Protegidos se permitirán esas actividades y las que se incluyan en el plan anual de prevención.
En la ribera de los ríos tampoco se pedirá autorización de la Consejería si se van a realizar desbroces, podas y resalveos que impliquen a árboles que no sean adultos ni de especies amenazadas. El agente medioambiental y delegado de Medio Ambiente de la UGT en Castilla y León, Francisco Comuñas, asegura que ellos tienden a no fiarse de Castilla y León.
“Este tipo de medidas despiertan un poco de inquietud. Si se utilizan para bien, sí, pero, ¿quién garantiza que se utilicen para bien? La Junta de Castilla y León debería ser garante de la protección del Medio Ambiente y da la sensación de que tenemos al enemigo en casa”, reflexiona el agente medioambiental y delegado de Medio Ambiente de la UGT en Castilla y León, Francisco Comuñas, que reivindica que la normativa sea “mucho más concreta y específica”.
También se ha ampliado el plazo para declarar que un cultivo agrícola abandonado sea considerado terreno forestal hasta 30 años —antes eran 20—. Además, las medidas de reducción del riesgo de incendios en zonas de interfaz urbano-forestal (a menos de 100 metros del casco urbano en terreno rústico no protegido) tienen consideración de interés general y quedan exentas de la aplicación de los procedimientos administrativos sobre aprovechamientos maderables/leñosos, cambio de uso forestal y modificaciones del suelo.
Bastará con una comunicación para la retirada de material vegetal que está en la zona de afección y servidumbre de las carreteras, siempre que se desarrolle sin uso de maquinaria pesada. Además, se plantea ayudar a las diputaciones con ayudas directas para comprar maquinaria pesada para la prevención y extinción de incendios y se aplicará una exención de peaje a los vehículos del operativo antiincendios. “Se plantea la compra de maquinaria y bulldózers, pero no hay un plan de gestión. Si se repiten las mismas circunstancias de este año, vamos a estar igual”, protestan desde CSIF.
Cambios en el operativo
El Ejecutivo autonómico se compromete a que el dispositivo de incendios forestales sea de naturaleza pública en los próximos tres años (hasta 2028), salvo servicios muy específicos que requieran empresas privadas como los servicios aéreos o los servicios terrestres especializados. Los sindicatos reivindican que sean trabajadores públicos los que formen parte del operativo, funcionarios profesionales y con contratos estables, y que no sea a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.
La Junta de Castilla y León cumple con la Ley Básica de Bomberos de 2024, que daba a las autonomías hasta noviembre de este año para implementar medidas como crear la categoría profesional de bombero forestal, lo que supondrá un complemento específico (de 2.660 euros en 14 mensualidades para los grupos A1 y A2 y de 1.050 euros en 14 mensualidades para el grupo B y el C1, que va a desaparecer). También se aplicarán coeficientes reductores de la jubilación y se implantará un programa específico de formación sectorial para avanzar en la profesionalización de los empleados públicos. A partir de entonces, se reordenarán los cuerpos y escalas del personal funcionario y se creará un cuerpo de agentes medioambientales, para lo que deberán tener un título de Técnico Superior en Gestión Forestal o equivalente.
Los sindicatos consideran que estos decretos ley son “un lavado de cara”, pero que no solucionan los problemas estructurales. “Lo que hacen es cumplir la Ley, una de las cuales llevaban casi veinte años sin cumplir. ¿Por qué acatar la Ley lo considera una mejoría'?”, se preguntan desde CSIF, que afea que el Ejecutivo no plantee un “puente” para los trabajadores que no cuentan con formación para acceder a la categoría B, pero que lleva años ejerciendo las funciones correspondientes. “Va a haber personas en los grupos By C1 haciendo lo mismo y cobrando diferente”, critica.
Está previsto también modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes del 31 de diciembre para que los trabajadores fijos-discontinuos pasen a trabajar a tiempo completo durante todo el año, lo que permitirá reforzar los trabajos preventivos, la planificación, la reforestación y las actividades de divulgación y educación ambiental. También podrán realizar funciones de auxilio, colaboración, ayuda y apoyo en situaciones de emergencia de protección civil. Además, se agilizará la cobertura de vacantes del operativo de prevención y extinción durante las épocas de peligro alto, permitiendo la contratación o nombramiento de personal sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente inmediata, siempre que se garanticen las retenciones de crédito.
Mientras tanto, los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL) reivindica que el parlamento autonómico tramite la Ley de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento porque servirá para “mejorar la coordinación”, aunque temen que no se haga a tiempo antes de las elecciones de 2026. Se prorrogó el plazo para presentar las enmiendas y ahora debería reunirse la Mesa de la Comisión para calificar las enmiendas, según fuentes del parlamento. Los sindicatos mantienen su suspicacia ante dos decretos-ley que creen que no van a servir para el propósito enunciado. “Si la idea es que no haya incendios, es mentira. Esto no cambia nada”, concluye UGT.