La Junta de Castilla y León tiene identificados 701 municipios de la Comunidad, entre ellos todas las capitales de provincia excepto Salamanca, que presentan un “máximo riesgo” de verse afectados por un incendio forestal como consecuencia de la cercanía de sus casas con zonas arboladas y ninguno de ellos tiene aprobado el plan de actuación de emergencia por incendios que es obligatorio desde 2013, hace 12 años.
Así lo ha confirmado a EFE la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha añadido que únicamente 150 de estos municipios, el 21,4% de ellos, ha iniciado los trámites para aprobar ese plan de actuación local de emergencia ante incendios forestales, cuya obligatoriedad tiene origen en la Directriz Básica de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, de ámbito estatal, que fue aprobada en 2013.
Esa norma establece, tal y como recogió posteriormente la Junta de Castilla y León en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Plan INFOCAL), aprobado en marzo de 2025, que los municipios catalogados como de “máximo riesgo” tendrán la obligación de dotarse de ese plan de protección, que ahora será necesario para acometer la idea del Ejecutivo autonómico para dotar a los municipios de los denominados “anillos de protección” -cortafuegos- contra incendios.
Precisamente para esta iniciativa la Junta ha comprometido que antes de que acabe 2025 las Diputaciones provinciales contarán con fondos para adquirir maquinaria pesada con la que realizar físicamente esos trabajos para conseguir esa distancia entre las casas y las masas forestales que puedan propagar las llamas.
La idea es que la mayor parte de estos municipios potencialmente afectados por los incendios puedan disponer de esos “anillos de protección” antes de la próxima campaña de incendios del verano de 2026, aunque la Junta ha reconocido la dificultad de acometer todos los trabajos.
8 de las 9 capitales, sin plan
Por provincias, el mayor número de municipios afectados por esta situación se encuentran en Salamanca (171), aunque en este caso no figura la capital provincial, mientras que en el resto de territorios sí aparecen en el listado, con León con la segunda con más municipios (116), seguida de Burgos (96), Ávila (88), Zamora (68), Soria (52), Segovia (50), Palencia (37) y Valladolid (23).
Además de las capitales de provincia, algunos de los municipios más poblados de la Comunidad están también en este listado incluido en el Anexo III del INFOCAL y también carecen de plan: los abulenses de Arenas de San Pedro, Arévalo; los burgaleses de Miranda de Ebro, Briviesca, Lerma y Medina de Pomar; los leoneses de Ponferrada, Bembibre y Astorga; Aguilar de Campoo (Palencia); los salmantinos de Béjar y Ciudad Rodrigo; Cuéllar (Segovia); Almazán (Soria); los vallisoletanos de Laguna de Duero, Peñafiel y Tordesillas; y los zamoranos de Benavente y Toro.
En el listado aparecen algunos municipios que se han visto afectados directamente por algunos de los graves incendios de agosto pasado y de años precedentes, hasta dar nombre a alguno de ellos, como Las Navas del Marqués (Ávila); Barjas, Castrocalbón, Encinedo, Igüeña y Sariegos (León); El Payo, Candelario y La Alberca (Salamanca); y Losacio, Molezuelas de la Carballeda y Porto (Zamora), entre otros.
Para determinar el nivel de riesgo de un municipio ante los incendios forestales la Junta de Castilla y León ha analizado, como determina la normativa, tanto el área más cercana al núcleo poblado como la lejana.
En el primer caso, el análisis afecta a los 30 metros alrededor de cada núcleo, donde se estudia la posibilidad de que la cercanía de un espacio forestal pueda llevar a arder alguna edificación; mientras que en el segundo caso se analiza “la vulnerabilidad asociada a la carga de combustible en un área más extensa, en concreto de un radio de 200 metros alrededor de cada asentamiento”, según figura en el INFOCAL.
Riesgo cero y prevención
“Es evidente que el riesgo cero no existe, y que siempre que existan terrenos forestales cabe la posibilidad de que se propaguen incendios forestales”, asume la Junta en su documento de referencia, aunque defiende la identificación de núcleos de población en mayor riesgo para dotarlos de planes de protección, pero el problema radica en que están sin aprobarse, lo que también tiene origen en que la Junta no aprobó el INFOCAL hasta este mismo año y por tanto los municipios en “máximo riesgo” desconocían su situación.
El INFOCAL también determina que la Consejería pondrá a disposición de los municipios un formato digital para que la información básica contenida en estos planes pueda ser interoperable y consultable por las administraciones competentes en materia de emergencias.
El mismo documento establece que una vez que sean aprobados por los ayuntamientos, estos planes de emergencia por incendios forestales “serán homologados por la comisión de protección civil de Castilla y León previo informe de la Dirección General con competencias en incendios forestales, actualmente la de Patrimonio Natural y Política Forestal.