De poco han servido las quejas de los sindicatos e incluso la amenaza de huelga, tampoco las de la patronal del sector. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quería aprobar este jueves los dos nuevos decretos-ley del dispositivo de lucha contra incendios forestales antes de que se fije la convocatoria electoral y de que haya un gobierno en funciones. “Las medidas hay que acometerlas con diligencia y con prontitud. Si realmente queremos conseguir el objetivo a tiempo, la negociación ha sido diligente, pero no prolongada en el tiempo”, ha defendido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El objetivo es que el operativo sea prácticamente 100% público (salvo algunos trabajadores como los conductores de bulldózer o los pilotos de helicópteros) en tres años y que la nueva norma general sea el contrato anual y no el de fijo discontinuo de tres, seis y nueve meses como hasta ahora. Son unas normas que esperan publicar en los próximos días en el Boletín Oficial de la comunidad (Bocyl) y que deberá convalidar el parlamento autonómico en los 30 días siguientes.
Estos decretos ley incluyen reivindicaciones históricas de los trabajadores como el reconocimiento de la categoría profesional de 'bombero forestal' y complementos ad hoc para algunos cuerpos, además de facilitar la jubilación anticipada del colectivo. Sin embargo, cuentan con el rechazo de los sindicatos porque aseguran que no se han negociado con ellos. Gago ha manifestado que su intención es que el operativo esté “perfectamente estructurado” en la primavera de 2026 y se ha comprometido a modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de que termine el año.
En total, la implantación del decreto-ley que profesionaliza el dispositivo está valorada en 20 millones de euros: 12,5 millones por extender el dispositivo a todo el año, 3 millones para el complemento específico de bombero forestal y otros 3 millones por la reclasificación de los agentes medioambientales.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que se han celebrado reuniones individuales con los sindicatos y también con organizaciones agrarias y las diputaciones provinciales. “Impera el interés general”, ha suscrito Fernández Carriedo. A su lado, Gago ha aseverado también que estos decretos-ley cuentan con todos los informes correspondientes y ha apelado a la “responsabilidad” del parlamento para que estas normas salgan adelante.
Estos decretos-ley no tienen una vinculación directa con el Proyecto de Presupuestos, que se espera que se vuelva a depositar en las Cortes en los próximos días. Según ha asegurado Fernández Carriedo, se podrían ejecutar las partidas incluidas en el decreto-ley aún en el caso de que se prorrogaran los Presupuestos de 2024 para el 2026.
Modificación de cuatro leyes
El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación de las leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras de Castilla y León y de diversos decretos reglamentarios para reforzar la acción preventiva y mejorar la coordinación institucional.
Entre otros cambios, se va a integrar la prevención de incendios en la planificación y normativa urbanística. El decreto-Ley pretende clarificar la normativa estatal que obliga a tener un “anillo de seguridad” alrededor de los municipios para que haya un mayor control de la vegetación y protección de los edificios, especialmente en el centenar de municipios que tienen masa forestal más cercana.
El decreto-ley considerará la prevención de incendios como una acción de conservación del Medio Ambiente y por lo tanto se permitirá en las áreas protegidas como la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Naturales.
Además, se pretende reducir la burocracia, de tal manera que la corta de madera de menos de 100 metros cúbicos o 100 toneladas pueden realizarse tras un silencio administrativo positivo y se eliminan los supuestos de autorización previa para la apertura de vías forestales y actividades similares. También se amplía el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales de veinte a treinta años.
Comparecencia de Quiñones
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado también uno de los decretos-ley aprobados este jueves. Preguntado por los periodistas, Suárez-Quiñones se ha comprometido a comparecer en las Cortes de Castilla y León para realizar un balance de los incendios de este año después de la comparecencia relativa a los Presupuestos autonómicos. En septiembre Suárez-Quiñones emplazaba al fin de la temporada alta de incendios, que concluye el 12 de octubre. Pasada esa fecha, Suárez-Quiñones dilata más su comparecencia ante los grupos parlamentarios y lo justifica porque los datos aún no están consolidados, puesto que hasta ayer no se dio por extinguido, por ejemplo, uno de los fuegos. Sin embargo, Suárez-Quiñones espera que en “poquitas semanas” se facilite la estadística de incendios“. ”Este ha sido un año especial y cuesta más elaborar esos datos“, ha afirmado.