La Comisión de Ética de Castilla y León archiva las investigaciones al consejero y un director general de Medio Ambiente
La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.
En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.
El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.
Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.
Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho
La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.
El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).
La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.
Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.