El director general Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, administró una empresa durante cinco años entre 2020 y 2025 pese a su total incompatibilidad. Jiménez Blázquez es uno de los pesos pesados del organigrama del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya que también es desde 2011 consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl), que licita y adjudica gran parte de las infraestructuras de la comunidad autónoma.
Según ha denunciado la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu), esta situación es “incompatible con cualquier estándar democrático de integridad” dado el conflicto de intereses que ha tenido. Jiménez Blázquez ha sido administrador solidario entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025 de Cárnicas Barcenses S.A., según el Registro Mercantil de Ávila.
La Junta de Castilla y León tiene regulado en su Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León las incompatibilidades en su artículo 6. En él se recoge que los altos cargos ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, “siendo incompatible su desempeño con cualquier otra actividad profesional, mercantil, industrial o laboral, cargo o representación, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, ya sea por cuenta propia o ajena, a excepción de lo previsto en esta ley o en otras leyes”.
Además, en el punto 3 del artículo se recoge que en el supuesto de incursión “en causa sobrevenida de incompatibilidad”, el alto cargo deberá comunicarlo de manera inmediata a la Inspección General de Servicios y “optar por solicitar el cese o realizar, en el plazo de dos meses desde que se produjo dicha causa, las actuaciones necesarias para eliminar la incompatibilidad”. Y se señala que si “no se efectuara la opción expresa, se entenderá que opta por el cese y se procederá a su formalización”.
La Consejería de Medio Ambiente que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñonez ha trasladado un comunicado del director general en el que señala que la compañía es “una sociedad sin actividad” en la que participa por “herencia” de su padre como “administrador solidario” y forma parte de su “patrimonio familiar”, algo que consta en su declaración de bienes presentada ante la Inspección de Servicios de la Junta de Castilla y León.
Asimismo, Jiménez Blázquez ha indicado que cuando estuvo activa como matadero de cerdos y fábrica de embutidos, nunca ha contratado con la administración, ni recibido subvenciones, ni ha desarrollado actividades con relación directa ni indirecta con sus cometidos en la Junta. Tampoco, según ha asegurado, percibe remuneración al igual que por desempeñar las funciones de consejero delegado de la empresa pública Somacyl.
En el comunicado Jiménez Blázquez concluye señalando que ejerce sus “funciones como alto cargo de la Junta de Castilla y León en régimen de dedicación exclusiva”.
La plataforma pide el cese
La plataforma de empleados públicos que ha divulgado los hechos exige al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el cese de José Manuel Jiménez Blázquez de sus dos puestos, su veto para que no vuelva a tener responsabilidad pública y la apertura urgente de investigaciones para esclarecer si se han producido “beneficios indebidos, financiación irregular o resoluciones arbitrarias”. También reclaman que se depuren las responsabilidades políticas, administrativas y de cualquier otra naturaleza.
La plataforma Pladepu denuncia que Jiménez Blázquez tiene “acceso privilegiado a información” como director general y consejero delegado de Somacyl, además de su capacidad de decisión en materias económicas y relacionales. Además, la actividad de esta empresa podría depender de autorizaciones, subvenciones o contratos públicos. “Esta doble condición quiebra los principios de imparcialidad, integridad y objetividad, genera un conflicto estructural no subsanable y vulnera la prohibición de participar en órganos de sociedades privadas cuya actividad puede verse potencialmente influenciada por decisiones del mismo ámbito público que dirige”, ha alertado en un comunicado.
José Manuel Jiménez Blázquez, además de ser uno de los directores generales con más peso, ha tenido que acudir como testigo en el proceso judicial de la trama eólica, puesto que fue secretario general de Medio Ambiente entre 2003 y 2007. Otro testigo también ha señalado en varias ocasiones que se había comprometido “a petición de José Manuel Jiménez Blázquez” (director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León), a “promocionar, construir y explotar” una planta termosolar en la fallida Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Pladepu considera que mantener deliberadamente esta situación en un alto cargo se explica “desde la voluntad consciente de conservar poder, control y capacidad de influencia en beneficio propio o de intereses privados vinculados al alto cargo”. “No estamos ante una mera apariencia de conflicto de intereses, sino ante una estructura de poder concentrado que permite al mismo responsable público decidir, influir, ejecutar y beneficiarse, directa o indirectamente, de las políticas y resoluciones que emanan de la Administración autonómica. Esta forma de actuar encaja con los patrones clásicos de corrupción institucional, donde lo público se instrumentaliza al servicio de intereses privados”, denuncia la plataforma.
Este caso es similar al de la primera teniente de alcalde de Segovia del PP, Rosalía Serrano, que tuvo que dimitir después de que elDiario.es publicara que había ocultado durante un año su participación y representación en empresas del sector inmobiliario pese a ser incompatible con sus funciones de concejal en exclusividad. “Castilla y León no puede permitirse funcionarios que actúen como señores del poder público, creyéndose por encima del bien y del mal, acumulando funciones, ignorando la ley y degradando las instituciones”, remata el comunicado.