El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) ha vuelto a criminalizar a los migrantes y ha asegurado, sin aportar datos concretos, que en la Comunidad “cada vez hay más machetazos y agresiones sexuales”. “España no se puede convertir en el reformatorio de los jóvenes conflictivos del resto del mundo y esto es lo que parece”, ha comentado en una rueda de prensa después de reunirse en Valladolid con representantes del sindicato policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil) en Castilla y León.
El vicepresidente ha asegurado que Castilla y León tiene “cada vez menos población autóctona y más inmigración”, un 30% en el último lustro y ha afirmado le preocupa que “el 6% de la población esté cometiendo el 15 % de los crímenes” para después admitir que Castilla y León “no está en la misma situación que otras comunidades más tensionadas por la criminalidad y la inmigración ilegal” y ha citado como ejemplo a Catalunya y ha pedido rectificar “para no seguir el mismo camino” que Catalunya, Euskadi, Alemania, Suecia, Bélgica o Francia“. ”No queremos que el barrio de Gamonal acabe como el de Saint Denis en Francia o que, por ejemplo, el barrio de Las Delicias (Valladolid) acabe como Molenberg en Bruselas, y vemos que por desgracia en Castilla y León cada vez se ve más machetazos, más agresiones sexuales“. Ha citado además detenciones ”relacionadas con el yihadismo“ y robos con violencia en viviendas.
Además de reclamar más medios al gobierno central, porque a los cuerpos de seguridad “les faltan medios materiales, medios jurídicos” y “no sólo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, también en general para la Administración de Justicia, para Salvamento Marítimo” para “proteger las fronteras de la inmigración ilegal”, ha arremetido contra las oenegés que prestan ayuda a los migrantes y ha acusado a dos en concreto de ser “colaboradoras necesarias” de “la industria tan lucrativa del tráfico ilegal de personas” pero “disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad”. En concreto, ha acusado a ACCEM y Cruz Roja de contribuir “de manera decisiva” al “éxito de esta industria ilegal”.
“Están contribuyendo a que quienes vienen de manera ilegal a España, en pateras a las Islas Canarias, pero también a otros lugares, tengan una gestoría administrativa que les prepara todo el papeleo para esquivar la aplicación correcta y ordinaria de la ley de extranjería en España”, ha insistido. Así, ha precisado que Castilla y León es una Comunidad de acogida pero para quienes vienen “a integrarse, a trabajar, a levantar una Castilla y León mejor” algo que no se consigue “con esta vía de facilitar el tráfico ilegal de personas”. Su propuesta es “vigilar muy atentamente cuál es el destino de las subvenciones” a las organizaciones que atienden a los migrantes y “no solo en el ámbito autonómico, sino en el local y el nacional”.
También ha precisado que según los datos aportados por Jupol “solo el 3% de quienes acceden de manera ilegal a España acaban en expulsión y que la media de resolución de los expedientes de asilo es de dos años”. Según él, “para cuando se quiere acordar la expulsión de un inmigrante ilegal porque no concurre a ningún requisito para ser concedido el asilo, pues ya se ha consolidado el derecho a arraigo que les permite obtener el permiso de residencia”. Respecto al Gobierno central, ha dicho que está “aliado con enemigos internos y externos” y que no colaboran porque en lugar de “servir al interés general de España”, están “para todo lo contrario”.