Junta de Castilla y León y patronal negocian para recuperar el servicio antes de la temporada alta de incendios
El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se encuentra reunido con los representantes de la patronal de empresas de extinción de incendios, Asemfo. La Junta de Castilla y León ha accedido a escuchar las peticiones de la asociación tras el anuncio la semana de pasada de que dejarían de prestar servicio sus 950 trabajadores al no atender sus peticiones.
Las compañías tomaron la decisión de no mandar a sus trabajadores a los incendios a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, por la “inseguridad jurídica” en las que se encuentran tras tener que lidiar con sanciones continuas de Inspección de Trabajo por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.
Según apuntaban, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales. Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.
Asemfo lleva pidiendo una solución desde marzo de 2025
La patronal afirmó que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta es “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.
Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Además, también criticaban que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según explicaron, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.
Por su parte, la Junta de Castilla y León señaló que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, a quien señaló como responsable.
“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, afirmó el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo la semana pasada. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.
La Junta también recordó a las empresas que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo no se pronunció sobre posibles expedientes o sanciones.
El PSOE de Castilla y León calificó de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”,como expresó el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez. El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo.
Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas
Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.
Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.
Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.
La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.