Mañueco firma su “contrato” con Vox y anuncia una legislatura contra la “corrupción y la mentira”
El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) afronta en estos momentos su discurso de investidura tras sus terceras elecciones como candidato en las que una vez más, no ha conseguido la mayoría absoluta. Por segunda vez ha pactado con Vox, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno.
“Con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”, ha anunciado. Mañueco ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.
No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.
De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco
Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.
Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.
De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.
Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.
Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.
En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.