Fuera de tiempo y mal. Después de más de tres décadas de gobierno en Castilla y León, el PP desconoce o desoye los plazos y requerimientos para presentar unos Presupuestos. El patinazo no es leve. Las Cortes no van tramitar el Anteproyecto de Presupuestos Generales de 2026 por dos razones: la primera es que ni siquiera se ha aprobado el techo y de gasto y la segunda, que tampoco se ha aprobado la sección 20 de los mismos y que corresponde al propio prespuesto de las Cortes así como de sus instituciones propias (Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Así lo explica en un infome a la Mesa de las Cortes la Letrada Mayor.
En él se hace constar que la Junta ya sobrepasó la norma al registrar los prespuestos el pasado 15 de octubre -un día después de presentarlos ante los medios- y “un día después del plazo fijado en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ya que este precepto, tras disponer que corresponde a la Junta de Castilla y León la elaboración de los Presupuestos de Castilla y y León y a las Cortes de Castilla y León su examen, enmienda y aprobación, establece literalmente que la Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla León antes del 15 de octubre de cada año.”.
Con la presentación del proyecto, comenzaría en el Parlamento autonómico el procedimiento legislativo especial previsto en los artículos 127 a 129 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León que se desarrolla dentro de un calendario de tramitación con unas fechas estrictamente fijadas por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, para así procurar que las Cortes de Castilla y León puedan, en su caso, aprobar, tras su examen y enmienda, el proyecto de presupuestos presentado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente y permitir, asimismo, que se proceda a su correcta publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad antes de ese mismo día. Pero no va a ser así. “Sin embargo, en el presente año, a pesar de la presentación en el Registro de la Cámara del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026, las Cortes de Castilla y León no pueden poner en dicho procedimiento legislativo ni, por consiguiente, tramitar este concreto proyecto de ley de presupuestos”, establece la Letrada Mayor.
Por un lado, el proyecto de ley de presupuestos ha sido presentado en las Cortes de Castilla León antes de haberse podido debatir y, en su caso, aprobar el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026, que fue presentado por el Ejecutivo en el registro de la Cámara el 10 de octubre. Según explica la Letrada en su informe “es de sobra conocido· que el procedimiento legislativo presupuestario requiere para poder iniciarse la previa aprobación por las Cortes de Castilla y León del Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se fija el límite de gasto no financiero para el ejercicio presupuestario correspondiente, el conocido como ”techo de gasto“. ”Podemos decir que es la primera fase, en el ámbito de la la Comunidad Autónoma, de todo el procedimiento presupuestario entendido éste en un sentido amplio, en el cual, antes de iniciarse el procedimiento legislativo presupuestario con presentación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para el ejercicio correspondiente, debe haberse sometido por la Junta de Castilla y León a debate y aprobación de las Cortes de Castilla y León el Acuerdo por el que fija el Consejo de Gobierno el límite de gasto no financiero, tratándose éste de un debate de totalidad y de una aprobación de conjunto del Acuerdo, sin que quepa por parte de la Cámara la posibilidad de su modificación“.
Que esa es la forma de proceder lo dictan varios preceptos. El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que entre otras cosas dice que el techo de gasto debe aprobarse antes del 31 de julio, no en octubre como pretende la Junta. Pero es que hasta la propia Junta lo asume en la Orden EYH/845/2025, de 25 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026, y cinta ese mismo artículo. “Reconoce esta institución, en la presentación que ha realizado el 15 de octubre del proyecto de presupuestos que el mismo no puede ser tramitado por las Cortes de Castilla y León en el momento actual al señalar que lo presenta a los efectos de su tramitación una vez esté aprobado el límite de gasto no financiero por las Cortes”, señala el informe.
Un requisito sine qua non
Aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla y León “no se pronuncia expresamente”, a diferencia del Artículo 15 de la LO 2/2012, sobre lo que sucedería de no aprobarse el techo de gasto “solo puede entenderse que, en el caso de un rechazo por la Cámara, la Junta de Castilla y León deberá volver a presentar un nuevo límite de gasto no financiero para su aprobación por las Cortes y a ese nuevo ”techo de gasto“ deberá ajustarse el proyecto de ley de presupuestos que posteriormente elabore y presente en las Cortes de Castilla León para su examen, enmienda y aprobación”. Así, según la letrada, la aprobación previa del techo de gasto es “un requisito sine qua non” a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del presupuesto.
La Junta de Castilla y León ha presentado en de las Cortes de Castilla y León el denominado “techo de gasto” el viernes 10 de octubre 2025, tan solo cinco días naturales antes de la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales, por lo que, “a día de hoy, cumpliendo los trámites reglamentarios correspondientes, está pendiente de debatir y votar en Pleno ese Acuerdo presentado por el Ejecutivo, siendo un punto del orden del día de la próxima sesión plenaria convocada para los días 21 y 22 de octubre de 2025”.
Además, el proyecto de ley de presupuestos ha sido presentado con una Sección 20, sección que contiene el proyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la Comunidad, sin que esta sección haya sido aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que es el órgano competente para ello. En este sentido, explica la letrada que “no es baladí” recordar que la autonomía presupuestaria de las Cortes es esencial para que el Parlamento de Castilla y León pueda llevar a cabo el correcto ejercicio de sus funciones, “entre las que están la función legislativa y la función de control político al Gobierno sin las injerencias de este último”. Es, en consecuencia, una de las garantías básicas del principio de separación de poderes, fundamento de nuestro sistema democrático, porque, sin ella, sin la autonomía presupuestaria o financiera de la Cámara, la independencia del Parlamento en todo lo demás sería puramente nominal, ya que la Junta de Castilla y León acabaría condicionando su acción“.
Añade que las Cortes de Castilla y León “no son una institución de autogobierno más”, sino que son el poder legislativo de la Comunidad, por lo que su autonomía “no está a su servicio ni es disponible, sino que está al servicio del efectivo funcionamiento de la separación de poderes, no es, por tanto, un privilegio, sino un deber que se tiene que cumplir, respetar y defender”. La Mesa de las Cortes, órgano de gobierno de la misma, como hemos visto, en ejercicio de la autonomía presupuestaria de Cámara, es quien debe aprobar el proyecto de presupuestos del Parlamento de la Comunidad y también el de las Instituciones Propias de la misma, porque así lo establecen sus leyes reguladoras.
Solo después de esta aprobación, con la coordinación necesaria con la Junta de Castilla y León, tal y como prevé el artículo 5 de la Ley 2/2006, de es 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, cuando se remite a la Junta el proyecto de Presupuestos de la Cámara para que lo inserte, sin introducir modificación alguna en el mismo, en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, como una Sección específica, concretamente la numerada como Sección 20, de su Estado de Gastos.
Esta aprobación del proyecto de presupuesto de la Sección 20 por la Mesa de la Cámara para que pueda incorporarse al proyecto de presupuestos generales de la Comunidad, a fecha de hoy todavía no se ha producido, apunta. De esta manera, el proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Castilla y León antes de la aprobación del límite de gasto no financiero por el Pleno de las Cortes de Castilla y León incorpora una Sección 20 con un proyecto de presupuestos de las Cortes y de las Instituciones Propias que no ha sido aprobado por el órgano competente para ello, “por lo que adolece de un vicio que deberá ser subsanado con una nueva presentación, una vez haya sido aprobado por las propias Cortes el límite de gasto no financiero y el proyecto de presupuestos de la Sección 20”.
Concluye la letrada “por todo lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de la existencia de otro criterio mejor fundado en derecho” que procede que la Mesa de las Cortes de Castilla y León acuerde comunicar a la Junta de Castilla y León la imposibilidad de tramitar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 2026.
Con esta decisión que adoptará la Mesa este martes, queda por ver cómo queda el calendario ahora, y si será posible aprobar los presupuestos antes de la obligada disolución de las Cortes a mediados de enero por la convocatoria electoral.