Se Acabó La Fiesta, el partido del agitador 'ultra' Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. Importante es la sucesión de fechas para SALF, porque el “contrato electoral”, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades hasta el punto que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.
Castellanos y leones orgullosos y aragoneses dueños de su destino, una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuese porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el gentilicio “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando en cualquier lector de PDF de Control+F, el listado aparece. Tampoco han cambiado la fechas de las elecciones de Aragón que fueron el 8 de febrero.
SALF se ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para el que emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.
En el bloque de servicios públicos, el texto documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 y un 10% del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.
En sanidad, la preocupación de Alvise para porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería conseguirse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometeremos las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.
“Defensa sin complejos del campo aragonés”
El programa de SALF tiene políticas centradas en el campo. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y simplificar “los trámites ante INAGA”, que es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará producto local aragonés. Sobre materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieren colocar parques eólicos o de placas fotovoltaicas
En el programa de Alvise también hay que destacas medidas que confunden las competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades como en materia de inmigración cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta medida sería competencia exclusiva del Estado y la Junta de Castilla y León.
También Alvise propone una tarifa autonómica del IRPF del 0% para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al ser un tributo estatal parcialmente cedido. Entre otros, por ejemplo, también presenta una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que requiere una ley orgánica en las Cortes Generales, por lo tanto, una mayoría nacional.
Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta, como candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF va a integrar a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, por pedir más democracia interna.