La Guardia Civil desarticula la red que traía a embarazadas brasileñas a dar a luz en Burgos con una cuarta investigada

La Guardia Civil ha dado por desarticulada, con la investigación de una mujer brasileña, la organización criminal dedicada a traer a España desde países europeos a mujeres brasileñas embarazadas para dar a luz en Burgos, y conseguir así la nacionalidad española, trama por la que ya se había detenido a tres hombres.

La mujer, que se encarga de contactar con las embarazadas a través de redes sociales y, luego en Burgos, las acompañada al hospital y les hacía de traductora, se personó voluntariamente en el juzgado de Villarcayo, que instruye la causa, ha publicado 'Diario de Burgos' y confirmado a EFE la Guardia Civil.

Han explicado que conocían que eran cuatro las personas que orquestaban la trama, pero la mujer se encontraba fuera de España cuando se iniciaron las detenciones; ahora, a sabiendas de que la Guardia Civil la buscaba, se ha personado en el juzgado antes de que fuera detenida.

La mujer no ha querido declarar ante la jueza, que le ha retirado el pasaporte ante el riesgo de fuga, y ha quedado en libertad con cargos, como los otros tres detenidos: dos hombres españoles detenidos en Medina de Pomar a finales de septiembre y un tercero, brasileño, en Alcoy (Alicante) en octubre.

Están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular a través de una red criminal que captaba a mujeres brasiñelas embarazas que residían de manera irregular en Bélgica y otros países del norte de Europa, para a cambio de grandes sumas de dinero traerlas a España a dar a luz.

Les cobraban entre 1.000 y 2.500 euros por un servicio “integral”, que incluía alojamiento (tenían seis viviendas en Villarcayo y Medina de Pomar, que alquilaban por habitaciones y de las que sacaban casi 2.000 euros), traslados, traducción, gestión de documentos y asesoramiento en trámites administrativos.

Las mujeres, contactadas por redes sociales, llegaban en la última fase del embarazo y, al nacimiento de los bebés, obtenían la nacionalidad española por el sistema de “simple presunción”, un paso que permitiría la regularización administrativa de los progenitores.

Los investigados están acusados además de delitos de falsedad documental -por empadronar a migrantes en viviendas para luego conseguir la regularización- y coacciones, ya que forzaban a las mujeres a que abandonasen las viviendas una vez habían tenido a los bebés.