El jefe del Área Eólicas del Ente Regional de la Energía (EREN) entre 2002 y 2012, Tomás Ciria, ha asegurado que desde este ente trasladaban a los promotores de parques eólicos la conveniencia de que contaran con un socio local para llevar a cabo sus proyectos. El exjefe del Área Eólicas ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue contra exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por supuestas prácticas corruptas en la concesión de autorizaciones para proyectos de parques eólicos.
Durante la vista, en la Audiencia Provincial de Valladolid, el testigo, que ha declarado por una videoconferencia con manifiestos problemas técnicos que han hecho difícil seguir su testimonio, ha confirmado que, como manifestó en instrucción, había ocasiones en las que se solicitaba la avocación -autorización por parte de la Viceconsejería de Economía- de parques eólicos antes de pasar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En el caso concreto del Grupo Preneal, el testigo ha aclarado que no dijo a sus representantes que tuvieran que vender a un socio local, pero sí que tenían que dar entrada a un socio local siguiendo instrucciones de la Viceconsejería.
En cuanto a los criterios utilizados para contar con la mejor previsión de autorización de proyectos de parques eólicos, ha confirmado que se incluía una evaluación ambiental previa positiva, el plazo de solicitud de autorización y donde estaba situado, junto a la posibilidad de evacuación y punto de conexión.
Preguntado acerca de si en el caso de no incluir proyectos en la mejor previsión -los que tenían más posibilidades de prosperar- se denegaban o paralizaban, ha respondido que lo que solía ocurrir es que los promotores desistieran.
El testigo ha especificado que había más de 70.000 megavatios pedidos y, si se tramitaban todos a la vez, se hubiera colapsado la gestión de los proyectos.
Las acusaciones contra los encausados se centran en un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado, según fuentes jurídicas.
La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios.