El magistrado Adolfo García Morales (Zaragoza, 1965), presidente de la Audiencia de Girona y afiliado a Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), ve difícil que la reforma del Código Penal pactada entre PP, PSOE y Junts contra el fenómeno de la multirreincidencia consiga reducir los hurtos. A nivel judicial, este objetivo solo puede lograrse, advierte, con una inversión decidida para que estos delitos se juzguen mucho más rápido que en la actualidad. En conversación telefónica con elDiario.es, el magistrado desmonta la vinculación entre delincuencia e inmigración y sí remarca la relación entre el pequeño delito y la pobreza.
¿Cómo valora los cambios acordados entre PSOE, PP y Junts para aprobar la nueva ley contra la multirreincidencia?
Como ciudadano y jurista, me puede gustar más o menos una ley. Creo que hay otros problemas que van primero antes de exasperar las penas, pero como juez, obviamente, me debo a las normas que aprueba el legislativo, y esta ley la tengo que aceptar como todas las demás.
La cuestión de la multirreincidencia ya había sido objeto de modificación del Código Penal en 2022. ¿Se ha analizado lo suficiente los efectos de esta reforma antes de acometer la nueva?
La reforma de 2022 era bastante liosa porque se solapaban algunos delitos específicos con normas generales. Junto a los muchos requisitos que contenía, como los de la cuantía hurtada no superior a 400 euros, hacía más difícil la aplicación de la norma.
Con la reforma se eliminan algunos de esos requisitos y se eleva de 1 a 3 años la pena por hurto de teléfonos móviles a partir de tres condenas por el mismo delito. ¿Cómo casa esto con el principio de proporcionalidad de las penas?
El principio de proporcionalidad de las penas es uno de los principios que informa al legislador, a quien hace la norma. Cada uno puede tener su opinión sobre la proporcionalidad de una pena, pero si está pasado por el tamiz del legislador y nadie lo recurre al Tribunal Constitucional, la norma se tiene que aplicar. Después cada juez tendrá su criterio de interpretación, que puede ser más o menos restrictivo. A mí una pena de uno a tres años de cárcel por un hurto de un teléfono móvil me parece un poco exagerado. Además, hay un pequeño matiz en una enmienda transaccional del PP, que introduce esta pena para el hurto de dispositivos a un particular, no para los que se hurten en una tienda.
Si la gente no tiene trabajo ni piso, seguirá instalada en lo delictual porque acabará hurtando para comer y ocupando porque no tiene donde meterse
También se amplían los supuestos de medida cautelar para casos de hurtos, como una orden de alejamiento respecto a un barrio o una ciudad. ¿Esto es efectivo? ¿No hay riesgo de que al que le prohíban hurtar en Barcelona se vaya a Badalona?
Ese riesgo siempre está ahí. La presión policial y los juicios rápidos en Barcelona contra los multirreincidentes han trasladado a parte de ellos a otras zonas. Por ejemplo, a Girona. La energía no desaparece, sino que se transforma. Pues con los multirreincidentes es lo mismo. Es en parte inevitable que dejen de delinquir en el sitio donde lo hacían porque hay más presión y se trasladen a otros lugares.
Hay una realidad que está ahí y se constata en los juzgados: las personas que cometen hurtos se instalan en un circuito de entrada y salida del sistema penal del que es muy difícil salir. ¿Cómo se podría conseguir?
Lo que se conoce como multirreincidencia no está asociado a delitos especialmente graves que tengan unas penas importantes, sino que tienen unas penas que rara vez se acaban ejecutando (imponer una multa a una persona que carece de bienes es una pena absolutamente inefectiva). Ahí se establece este circuito: como no se puede acabar de imponer la sanción y no se puede pagar la multa, la multa se transforma en una pena de prisión, pero no se les puede meter en prisión por cinco días. Lo que ha elegido el legislador es imponer penas más graves: cuando se acumulan varios de estos delitos se acaban imponiendo penas más graves, que tampoco son enormes (las del hurto normal, serían de seis meses a dieciocho meses, y en los casos más especiales, de uno a tres años).
Los jueces, de distintas sensibilidades, llevan tiempo avisando de que sin más jueces no se solventará el problema. ¿Con juzgados de refuerzo es suficiente o hacen falta medidas más estructurales?
Con la multirreincidencia se está tirando con la escopeta equivocada. Incrementar las penas no es una solución eficaz. Si a un multirreincidente se le lleva a un juicio algo más complejo que lo que sería un juicio por delitos leves porque se le ha incrementado la pena, y para ese juicio tenemos una lista de espera de dos años (en el mejor de los casos), se le están dando dos años de plazo para seguir multirreincidiendo. El problema es que ese delito al que se le ha incrementado una pena de tres meses de multa a un año de prisión va a tener que esperar años para ser juzgado. Lo que hay que crear son circuitos judiciales que sean mucho más rápidos, no como ahora.
En esto hay consenso entre sectores progresistas y conservadores de la judicatura y es una reivindicación histórica de la jueza decana de Barcelona.
Aquí tengo una queja por ser de Girona. Estas normas se hacen pensando en Barcelona y en Madrid porque cuando el legislador o el gobernante tiene que consultar con alguien, tiende a hacerlo con la gente de Barcelona o Madrid. Son ciudades que tienen unos problemas muy especiales, pero que no son los problemas que tenemos en Girona, La Bisbal de Empordà u Olot. Se crean grandes expectativas con una norma para Barcelona o Madrid, pero esa misma norma es absolutamente inefectiva para Sant Feliu de Guíxols, o incluso para Girona, Lleida o Tarragona, donde no se ha creado ningún juzgado de multirreincidencia.
Asociar delincuencia con inmigración es una falsedad como la copa de un pino
¿No se invierte lo suficiente en Justicia?
En lugar de subir tanto las penas, lo que habría que hacer es que los multirreincidentes fueran juzgados al cabo de un mes. Pero para esto hace falta invertir. Las normas a coste cero… Si se quiere que las cosas funcionen, hay que gastarse dinero. La inversión en Justicia es paupérrima, estamos en la miseria económica a nivel de inversión cuando habría que doblar la capacidad judicial en España. Tenemos uno de los rankings más bajos de jueces por habitante de la Unión Europea.
En Girona somos unos 80 jueces y harían falta 120 para que la cosa empezase a funcionar. Por ejemplo, los juicios rápidos (lo de rápidos es porque se llaman así) de violencia sobre la mujer, que no tienen que ver con lo que asociamos a la multirreincidencia, pero también llevan asociados muchas veces la repetición delictiva por parte de los maltratadores, se están señalando para dentro de dos años. Esto no es que no sea rápido, es que es un desastre.
¿Si pudiera pedir algo a un político que manda en materia de multirreincidencia, serían más juzgados?
Yo le pediría que se creasen más juzgados y que se dejasen de agravar las leyes penales, que ya están bastante potentes en cuanto a penas. A una persona reincidente con dos o tres antecedentes penales por delitos patrimoniales, cuando va a juicio, la pena no le sale gratis. El problema es que a este señor se le acaba condenando al cabo de tres años cuando se le tendría que condenar, si toca condenarle, en quince días o dos meses. Esto es lo que pediría a ese político: poder juzgar los asuntos en dos meses.
La presión policial y los juicios rápidos en Barcelona contra los multirreincidentes ha trasladado a parte de ellos a otras zonas, por ejemplo a Girona
En cambio, la acción del legislador va encaminada a endurecer el castigo. ¿Con penas más altas bajarán los delitos de hurtos?
Yo tengo una teoría: cuando alguien comete un delito es que piensa que no le van a pillar. Si alguien pensase que le van a pillar hurtando, robando, violando o lesionando, pues seguramente se abstendría de cometer el delito. Poner penas más altas nunca ha sido la solución en ninguna legislación. Aunque se ponga más y más pena, el que hurta teléfonos móviles seguirá pensando que no le van a pillar cuando hurte uno, y, por lo tanto, es muy posible que lo siga haciendo.
¿Y entonces por qué parece que la única solución que propone la política es castigar más? ¿Es populismo punitivo?
Como juez no puedo contestar a lo que creo que incita a la política a hacer esta nueva norma.
¿Hay también un factor de pobreza en este tipo de delitos como el hurto?
Sin duda. La multirreincidencia en el hurto, los pequeños robos de móviles, de cosas en los supermercados, no ocurre entre las clases pudientes. Es una tipología delictiva de las clases bajas que están ya insertadas en la pobreza. La gente necesita comer, pero si no tiene trabajo y no tiene un piso donde meterse, pues va a seguir instalada en lo delictual porque acabará hurtando para comer y ocupando un piso porque no tiene donde meterse.
Estoy convencido de que dar trabajo a la gente (que hoy en día es muy difícil) y más ayudas en los pisos (la gente joven lo tiene fatal) y para políticas sociales sin duda ayudarían a reducir el delito. Si tú estás cobrando 1.500 euros al mes y tienes un piso, te dedicarás a trabajar y no a hurtar o robar.
En lugar de subir tanto las penas, lo que habría que hacer es que los multirreincidentes fueran juzgados al cabo de un mes
¿Se hace un esfuerzo para detectar si las personas que tienen en el robo su modo de vida son víctimas de mafias dedicadas a la trata de personas?
Los esfuerzos policiales que se hacen son los que se pueden hacer. La policía muchas veces no puede investigar qué es lo que hay detrás de un delito muy concreto e individual. Por ejemplo, el que pasa la droga por la frontera generalmente no es el dueño de la droga ni nada parecido, sino el pobre desgraciado al que han pillado para hacer el transporte, y es el que se acaba condenando. La policía no tiene los medios para hacer una investigación sobre lo que hay detrás de todos los delitos. Con la multirreincidencia es lo mismo.
En la exposición de motivos de la norma registrada por Junts se dice que la multirreincidencia genera “alarma social”. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación en contribuir a esta alarma?
Lo he visto con meridiana claridad en el tema de la ocupación: buena parte de los medios han irradiado que el problema de la ocupación es que salías a comprar una barra de pan y te ocupaban tu casa y que aquí no se podía hacer nada. Se han vendido alarmas y seguros a tutiplén y eso no es así, es completamente falso. A la gente le alarma mucho oír en la radio o leer en la prensa que suben los índices de criminalidad. Luego vas a los datos concretos y a lo mejor los homicidios pasan de 20 a 21, pero el titular ya está ahí. La lectura hay que hacerla en términos más amplios. Es decir, saber cuántos delitos se cometen y cuántos se han dejado de cometer.
¿Esta dinámica de crear alarma desde los medios de comunicación para tener más clicks, que luego recogen determinados partidos, de izquierdas o derechas, con un endurecimiento de su discurso sobre seguridad y un aumento de penas está creando un caldo de cultivo peligroso?
Al final los partidos políticos piensan en las próximas elecciones y en cómo pueden rascar más votos, aunque ello les lleve a terrenos pantanosos y a unas mezcolanzas que a lo mejor a alguien le pueden parecer raras. A mí, en ocasiones, me lo parecen.
¿Le preocupa la asociación entre delincuencia y migración que hace la extrema derecha y parte de la derecha tradicional?
Claro que me preocupa, porque es una falsedad como la copa de un pino. La delincuencia y la reincidencia no se producen más por la inmigración. Lo que sí es cierto es la pobreza que, muchas veces, va asociada a la inmigración y que lleva a situaciones desesperadas que son caldo de cultivo para los pequeños hurtos. Pero no es un hurto malvado, sino por necesidad. Si en lugar de represión se diera una política más social, seguramente no se asociaría tanto inmigración con delincuencia.