La Justicia exige a Meta el contrato con la empresa que echó a 2.000 moderadores de contenido violento

Oriol Solé Altimira

Barcelona —
20 de noviembre de 2026 00:51 h

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La Justicia ha requerido a Meta para que entregue el contrato “traducido e íntegro” que suscribió con una de sus subcontratas en Barcelona que echó a 2.000 moderadores que retiraban el contenido violento y sexual de Facebook e Instagram.

La petición cuenta con pocos precedentes. Las decenas de procedimientos en juzgados de lo social que ha provocado la falta de atención psicosocial a los moderadores se han centrado en las empresas subcontratadas por Meta, no en la tecnológica estadounidense. La multinacional tampoco está imputada en la causa penal abierta por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se celebró en septiembre el juicio por el despido de 2.062 moderadores de la empresa de Facebook e Instagram. La demanda la interpuso el sindicato FIST, representado por el abogado Enrique Leiva, que reclama que el ERE, pactado con UGT y CCOO en abril de 2025, se declare nulo por vulnerar los derechos de los trabajadores.

El juicio mostró que una de las estrategias de Meta, que en Europa opera desde Irlanda, es precisamente descargar cualquier eventual responsabilidad de los despidos en las subcontratas a las que encargó el control de sus contenidos desde Barcelona: primero CCC Barcelona Digital Services, que luego fue absorbida por Telus Digital.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC paralizan el plazo para dictar sentencia sobre la legalidad del ERE hasta que no reciban varios documentos.

Antes de pronunciarse, los jueces quieren conocer el contrato marco de Meta con CCC (bien la matriz alemana o CCC Barcelona) “que ordenaba la actividad” de moderación que se prestaba desde la Torre Glòries de la capital catalana.

La llegada de Meta a Barcelona se celebró en 2018 por autoridades políticas y económicas como una inversión tecnológica, pero la realidad ha mostrado que fue un fiasco: los trabajadores estaban mal pagados y centenares de moderadores arrastran secuelas psicológicas severas por el contenido violento que debían ver.

Además de una causa penal por la falta de atención de la empresa a sus moderadores, las subcontratas de Meta en Barcelona acumulan varias condenas en juzgados sociales por desatender a los trabajadores expuestos a más imágenes extremas y por discriminaciones salariales. La puntilla fue el juicio por el despido colectivo.

En declaraciones a este diario, además de recordar las duras condiciones de trabajo que sufrían y denunciar que la empresa no les prestó ayuda psicológica, los moderadores señalaron que el nombre de Meta no se mencionaba internamente. “El cliente no se podía ni mencionar, se le llamaba 'el cliente', tenía un punto de distópico y de ciencia ficción”, indicó un exmoderador.

La Sala de lo Social del TSJC también quiere que las empresas demandadas por el sindicato FIST aporten “justificación documental” del acuerdo de previsión o liquidación de gastos por la rescisión del contrato entre Meta y CCC por la finalización de la prestación de servicios de moderación en Barcelona.

Asimismo, los jueces han reclamado que las sociedades que empleaban a los moderadores acrediten los “términos resarcitorios por el vencimiento anticipado y sin previo aviso” del contrato entre CCC y su filial en Barcelona.

Otros documentos reclamados son los certificados de titularidad de las cuentas corrientes desde la que las empresas pagaron las indemnizaciones por despido y los finiquitos a los moderadores, así como el acuerdo en el que se detallaron “las ubicaciones actualizadas de prestación de servicios”.

Además de la media docena de documentos reclamados a las empresas, los jueces han solicitado al sindicato que aporte la relación de los trabajadores afiliados al mismo. Se trata de una petición para corroborar si, como sostienen las subcontratas, FIST carece de la afiliación necesaria para impugnar el despido.