Heridos del 1-O rechazan la petición de Fiscalía de archivar el caso de las cargas y piden indagar más en la cadena de mando

Los heridos del 1-O se oponen a la petición de la Fiscalía para archivar la investigación de la actuación de la Policía Nacional en Barcelona para impedir el referéndum. En sendos escritos, los lesionados, que ejercen de acusación particular, reclaman al juez instructor no solo que no ponga fin a la causa, sino que solicitan una nueva batería de diligencias para indagar en la cadena de mando del operativo, lo que alargaría todavía más una instrucción que ya dura casi dos años y medio. Ahora la decisión depende del juez.

Las posiciones de los fiscales del caso y de las acusaciones de los heridos están enfrentadas. Los primeros defienden, en base a la sentencia del procés del Tribunal Supremo, archivar el caso –salvo para seis policías– al no apreciar una “actuación global desproporcionada”. Por contra, los segundos sí aprecian una “desproporción generalizada” en la intervención policial, y en sus escritos, a los que ha tenido acceso eldiario.es, rechazan los argumentos expuestos por los fiscales.

La mayor carga de profundidad de las acusaciones de los heridos va dirigida al argumento de los fiscales, que negaron que la ciudadanía congregada en los centros el 1-O estuviera amparada por derechos fundamentales y concluyeron que el uso de la fuerza policial fue consecuencia de la “actitud subversiva” de numerosos grupos de personas contra los agentes.

“Las personas que acudieron a los centros el 1-O lo hicieron bajo la cobertura del ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la libertad de expresión, reunión o manifestación”, replica la letrada del centro Iridia Anaïs Franquesa, que representa a una quincena de lesionados. Es más, a criterio de la abogada fue la actuación policial la que “perturbó gravemente el ejercicio de derechos” el 1-O. “De las imágenes que constan en la causa se observa que agentes del Cuerpo Nacional de Policía actuaron con un claro abuso de su cargo”, abunda la letrada, que considera las conductas de los policías “actos degradantes y vejatorios”.

Al contrario que los fiscales, que limitan los porrazos y golpes desproporcionados a seis agentes concretos, para Franquesa en el conjunto del operativo del 1-O “se pueden ver patrones de actuación desproporcionada y contraria a la legalidad que no fueron corregidos por los mandos directos sobre el terreno ni por los superiores en el centro de mando”.

La sentencia del Supremo y su influencia

El segundo argumento de la Fiscalía para pedir el archivo del caso fue la sentencia del caso del procés dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre. Los fiscales recordaron que el fallo del Alto Tribunal consideró necesaria la intervención policial por la “inacción” de los Mossos. “La pretendida conexión de esta investigación con la sentencia del Supremo es más bien escasa, pues en esa causa no se investigaba ni directa ni indirectamente la actuación del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona”, responde el letrado de cinco heridos Xavier Monge, de Alerta Solidària.

La letrada Núria Garrido, que junto a otros letrados de la Associació Juristes pels Drets Humans representa a quince heridos, niega la “íntima relación” que vieron los fiscales entre la causa de las cargas y la sentencia del Supremo porque no hay “identidad ni de sujetos, ni de causa ni de delitos imputados” entre ambos casos.

Las acusaciones de los heridos niegan que sea el momento oportuno para poner fin a la investigación del caso al entender que es necesario indagar más en la cadena de mando del operativo y en quién dio las directrices para actuar. Además de pedir la declaración como investigados de una decena de agentes más –en una causa donde ya están imputados una cincuentena de policías–, la letrada de Iridia pide que de nuevo el juez solicite a la Policía el conjunto de la cadena de mando, al considerar insuficiente la información que el cuerpo ha proporcionado hasta ahora.

“A día de hoy todavía desconocemos quién dio las órdenes concretas más allá de los jefes de núcleo sobre el terreno”, afirma el letrado Monge, en referencia a los ocho mandos que declararon como investigados el pasado mes de diciembre y que contradijeron al exnúmero dos de Interior al afirmar que sí recibieron la orden de actuar el 1-O .

“La Fiscalía pretende abortar la instrucción del caso cuando precisamente se está acercando a determinar si existieron ordenes directrices o consignas que provocaran una actuación policial desproporcionada generalizada”, afea el letrado, que avanza su intención de pedir al juez que solicite qué mandos integraban el centro de mando (CECOR) de la Policía Nacional el 1-O en Barcelona.

Para Garrido, todos los “responsables del operativo” y los superiores jerárquicos de los ocho jefes de núcleo “realizaron órdenes concretas para provocar la sistemática y violenta operación de represión”. En consecuencia, la letrada pide al juez “continuar la investigación con la finalidad de depurar responsabilidades a los sujetos penalmente responsables de manera adicional a los agentes policiales y jefes de operativo ya investigados”.