El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acudido este miércoles a las inmediaciones de la cárcel de Lledoners para sumarse a la protesta para reclamar la liberación de los “presos políticos”. El mismo día, en el interior de la prisión, funcionarios a de la Administración que él preside y adscritos al departamento de Justicia han cerrado las celdas de aquellos por los que el president protestaba. La escena explica de forma gráfica la contradicción a la que el Govern se enfrenta con la gestión política de los presos.
El Ejecutivo catalán ha recibido a seis de los internos con inquietud. Por un lado, los dirigentes independentistas sienten alivio por el acercamiento a nivel humano, pero no dejan de ser conscientes de que la nueva situación les suma complicaciones políticas en diferentes planos. Por un lado, porque el Gobierno de Pedro Sánchez les traspasa la custodia. Por otro, porque desean evitar a toda costa que haya protestas masivas o fuera de control que den una excusa al poder judicial para devolverlos a prisiones de fuera de Catalunya.
La comunidad catalana es la única que tiene traspasada la competencia de prisiones y, a partir de ahora, la ejercerá para custodiar a personas que considera que están encarceladas por razones políticas. “Es evidente que tendremos que gestionar una contradicción”, reconocía en privado un alto cargo de la Generalitat este martes. Horas antes, en la rueda de prensa semanal de la consellera portavoz, Elsa Artadi había despejado la cuestión asegurando que la administración catalana “tiene las competencias que tiene y no puede decidir sobre la excarcelación”.
Descarga de responsabilidad al Gobierno
El traslado de los presos ha obligado al Govern a rebajar el discurso que mantenía hasta ahora contra el Estado. Y es que, al recordar que la liberación o los beneficios penitenciarios no son competencias de la Generalitat, el Ejecutivo catalán descarga igualmente al Gobierno de Pedro Sánchez de esta cuestión, pues tampoco dependen de él. En su reunión, Torra ya no podrá reclamar al presidente que “libere” a los presos; como mucho podrá exigirle que la Fiscalía retire los cargos. El president acepta, por tanto, que la decisión es en última instancia del juez.
Si tener dirigentes independentistas en cárceles catalanas es un problema para el relato del Govern, no lo es menos su gestión diaria. El departament de Justicia deberá decidir sobre un trato a los internos que, a buen seguro, no convencerá a nadie, ni a los independentistas más encendidos ni a la oposición, que considera que su traslado es un “privilegio”. Junqueras, Romeva y los 'Jordis' permanecerán en el módulo 2 de Lledoners, donde tendrán celdas individuales –igual que en Estremera– y convivirán con los presos menos conflictivos.
La Generalitat quiere evitar a toda costa un incendio mediático constante sobre supuestos beneficios que hagan más difícil la vida de los presos. Por ello, la conselleria ha tratado de blindarse repitiendo que el trato será el mismo que a cualquier interno y alegando que, por ley, los beneficios penitenciarios no llegan hasta que no hay condena firme. Con todo, tanto el president de la Generalitat como el del Parlament han optado este primer día por acudir a visitar a los presos, el primero a los de Lladoners y el segundo a las políticas que estarán en la prisión de Figueres. Más allá del recibimiento, los gestos serán contenidos.
Evitar las manifestaciones
No menos inquietud que la gestión interna genera en el Govern el manejo de la situación de puertas para afuera de las prisiones. Según reconocen varios altos cargos consultados por este diario, el Ejecutivo teme que el poder judicial pueda ver en las manifestaciones o protestas una excusa para devolver a los independentistas a prisiones de fuera de Catalunya, bien ahora o una vez haya condena. El temor se centra tanto en el momento de los traslados como en que después haya protestas sostenidas, como acampadas, o se generen momentos de tensión.
De momento, este miércoles no ha ocurrido nada de eso. Dos concentraciones han tenido lugar ante las dos cárceles en las que han repartido a los presos, a las que han acudido varios dirigentes independentistas, como el propio president Torra, Roger Torrent, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y diversos diputados y familiares de los presos.
Todos ellos se han reafirmado en la idea que por la mañana ya habían manifestado: “Los queremos en casa, no cerca de casa, y solo nos conformaremos con su libertad”. Mientras los políticos lo prometían así, los concentrados coreaban hacia la prisión “¡abrid las puertas!”. El Govern pronostica que tanto las concentraciones como las contradicciones irán mañana a menos.